Zacatecas, Zac.

Pronto será inevitable que se suspenda la producción de la mina (Peñasquito), lo que pondría en riesgo la estabilidad de miles de familias zacatecanas, advirtió la compañía minera canadiense Goldcorp, operadora de ese yacimiento de oro a cielo abierto ubicado en el municipio de Mazapil, al cumplirse 12 días desde que transportistas y ejidatarios de la región bloquearon los accesos.

Mediante un desplegado publicado en diarios de la entidad, Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Goldcorp, denunció que el bloqueo no sólo afecta la fuente de empleo del personal sindicalizado, sino de mil 258 zacatecanos y también provoca una imagen y percepción negativa para la inversión y desarrollo tanto económico como social en el estado.

Dirigido a las instancias gubernamentales y a nuestros colaboradores de Peñasquito, el desplegado señala que este grupo de manifestantes pone en riesgo la estabilidad laboral y operativa, al considerar sus intereses particulares más importantes que la dignidad (sic) de los zacatecanos.

Michael Harvey, quien la semana pasada calificó a los ejidatarios y transportistas de delincuentes y los acusó de intentar extorsionar a la minera Peñasquito, señaló que de no cambiar la actual situación de ilegalidad, que impide el acceso continuo de insumos en la mina y de colaboradores, es inevitable que se suspenda la producción... No se puede permitir a pequeños grupos con intereses aislados hacer tanto daño a Zacatecas.

En contraparte, integrantes del comisariado ejidal de Cedros proporcionaron a La Jornada copia de uno de los convenios que el 21 de abril de 2009 firmaron Bill Humprey y Armando Escárcega, entonces directivos de Peñasquito, con habitantes de la región, donde la parte patronal se comprometió a darle un trato preferente (a los ejidatarios de la región), en igualdad de condiciones respecto del transporte de concentrados.

La propia minera había recomendado a los campesinos que adquirieran camiones de carga –con el dinero que Goldcorp les pagó por la renta de sus tierras– para que se integraran a las actividades del gigantesco complejo minero cuya concesión federal autoriza realizar labores de exploración, explotación y producción metalúrgica en una superficie de 5 mil 400 hectáreas en el valle de Mazapil.

Como testigos de aquel convenio (del cual este diario posee copia) quedaron Carlos Pinto Núñez, secretario de Gobierno de la entonces gobernadora Amalia García Medina, y Antonio Torres Torres, síndico municipal de Mazapil.