La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez, informó que se rebasarán las 8 mil 812 quejas recibidas el año pasado –a raíz de los problemas derivados de la reconstrucción por el sismo– por el suministro de agua potable y el uso de la tarjeta de adultos mayores, así como la exacerbación de la violencia.

Luego de presentar su informe anual 2017, precisó que sólo en materia de agua han recibido, de febrero a mayo, 148 quejas por la falta de suministro y de pipas, y cobros excesivos por su entrega, que se presentan principalmente en las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez e Iztacalco.

Las quejas por la reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos también han ido en aumento, ante la falta de certidumbre de los damnificados de contar con un lugar dónde vivir y cómo acceder a los apoyos gubernamentales.

Otras están relacionadas con que no llega la tarjeta de adultos mayores, y la exacerbación de la violencia en las calles, lo que genera una respuesta muy autoritaria, de represión, de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por (la Secretaría de) Seguridad Pública, afirmó.

Calificó de error pensar que la inseguridad se resolverá sólo con una visión de seguridad pública y mano dura, que ha afectado sobre todo a jóvenes, quienes deberían estar cubiertos con programas de prevención.

Tras informar que el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Publica aceptaron la recomendación 1/2018, por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso del feminicidio de Lesvy Rivera, reconoció que existe disposición de las autoridades de avanzar.

Seguimiento de oficio

Ante el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y funcionarios de la administración capitalina, detalló que de 8 mil 812 quejas recibidas el año pasado, 91 se iniciaron de oficio al conocer de hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

Las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y Salud, y la Procuraduría General de Justicia capitalinas fueron señaladas como responsables de la violación a los derechos a la seguridad jurídica, de las personas privadas de la libertad, a la salud, de la víctima o persona ofendida, a la integridad personal, al trabajo, por violencia obstétrica y mala práctica médica, lo que derivó en la emisión de siete recomendaciones.

Hoy, lo que preocupa a la Comisión de Derechos Humanos capitalina es la afectación a derechos de 2 mil 134 víctimas de violaciones a derechos humanos que no han recibido justicia, por recomendaciones no cumplidas, quienes se suman a las víctimas de delitos que en muchas ocasiones son revictimizadas al enfrentar la impunidad y el desgaste de dar seguimiento a denuncias o procedimientos de carácter judicial, destacó.