a Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Coagua), se ha convertido en blanco de críticas de al menos dos candidatos a edil. El lunes 28, en entrevista a un diario local, Zeferino Torreblanca Galindo, abanderado del Partido del Trabajo, mencionó entre sus propuestas, limpiar el cochinero en la Coagua, que debe ser desmantelada retirando al bandido secretario de Finanzas y al hampón director comercial. Citó que se tienen que sentar las bases para sanear la paramunicipal de las deudas millonarias que la tienen al borde del colapso.

Rubén Figueroa Smutny, aspirante postulado por el Partido Nueva Alianza (Panal), mencionó ayer ante el Colegio de Ingenieros Civiles su propósito de resolver la crisis de Coagua, hacer ajustes internos para reducir sus gastos y pagar adeudos a la CFE. Coinciden los dos candidatos en que la empresa administradora del agua debe ser absorbida por el gobierno federal para su mejor funcionamiento. Torreblanca Galindo sabe de lo que está hablando; aunque no mencionó cómo encontró la Coagua cuando fue edil (1999-2002) ni cómo la dejó, conoce sus recovecos y cómo se manejan los hilos. No se equivoca cuando habla de cochinero, una prueba de ello es el fraude de 194 millones 577 mil 346. 98 pesos, detectado por la Auditoría Superior del Estado en una auditoría sólo al ejercicio fiscal 2016.

El trabajo contable dejó al descubierto, entre otros excesos e ilegalidades, el desvío de recursos, condonaciones a los saldos de las cuentas de usuarios sin proceso de justificación y autorización; saldos en favor de contratistas sin que se realizaran las acciones para su comprobación, además de la liberación de recursos en favor de proveedores e incumplimiento con el procedimiento de adjudicación para la prestación de servicios, por citar algunos casos.

No es poco el trabajo que le espera al nuevo alcalde si en realidad busca sanear la paramunicipal. Es preciso extender la auditoría no sólo a los otros dos años del actual trienio, sino a los anteriores inmediatos, además de buscar restitución de los recursos sustraídos y que no fueron comprobados con la complicidad del Congreso local o bien procurar el encarcelamiento de los saqueadores.