Managua.

Al menos 15 muertos y más de 200 heridos fue el saldo de enfrentamientos ocurridos durante la masiva movilización del pasado miércoles en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos atribuyó los enfrentamientos a ataques de grupos paramilitares vinculados al gobierno de Daniel Ortega, pero el Ejecutivo responsabilizó de los decesos a grupos delincuenciales con organización política.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y el Europarlamento, llamaron por separado al diálogo en la convulsionada nación centroamericana, mientras Estados Unidos condenó la violenta respuesta del gobierno nicaragüense a manifestantes opositores.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dijo que el balance de la violencia el miércoles fue de 11 muertos y 76 lesionados por disparo de arma de fuego. La Policía Nacional ubicó en 15 el número de decesos y reportó 218 heridos.

La Conferencia Episcopal anunció que no reanudará el diálogo en busca de una salida a la crisis que atraviesa el país mientras el pueblo siga siendo reprimido y asesinado, y deploró las acciones de grupos armados afines al gobierno contra la población civil.

El gobierno indicó horas después que los actos de violencia fueron perpetrados por “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando actos delictivos para aterrorizar a las familias nicaragüenses.

No existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se nos pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, detalló el texto de Ortega, leído por la canciller, Denis Moncada, en el oficialista Canal 4.

Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, confirmó en la misma conferencia que 15 personas perecieron y 218 resultaron heridas (182 civiles y 36 agentes).

Los mayores incidentes ocurrieron en Managua, donde una multitudinaria manifestación opositora en apoyo a las Madres de Abril fue atacada por paramilitares armados y se reportaron grescas tras una marcha de apoyo al presidente, que rechazó renunciar como se lo exigen los manifestantes.

Hubo otros enfrentamientos en Chinandega, Estelí y Masaya.

El ejército aseguró en un comunicado que tiene control absoluto de sus fuerzas y medios, y calificó de calumnias las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto apoyo a la policía y a paramilitares contra manifestantes civiles.

Con este nuevo reporte ascendería a 39 la cifra de muertos confirmados por el gobierno desde el 18 de abril, cuando estallaron protestas estudiantiles en rechazo a una reforma al Seguro Social que afectaba a miles de trabajadores y jubilados, que posteriormente fue derogada.

Amnistía Internacional contabilizó 83 fallecidos hasta el pasado martes, en su mayoría jóvenes atacados por policías y paramilitares con armas de fuego. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó 79 fallecidos, 860 heridos y 438 detenidos, hasta el 24 de mayo. Los decesos de este miércoles aumentarían estas cifras.

Mientras, en Washington, Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, condenó la violenta respuesta del gobierno de Nicaragua a las marchas antigubernamentales y advirtió que los violadores de derechos humanos deberán rendir cuentas ante la justicia internacional.

Almagro y el Parlamento Europeo condenaron, por separado, en comunicados enviados a La Jornada, la brutal represión contra manifestantes en Nicaragua, y apremiaron al gobierno a poner fin a los actos de violencia.