El gobierno federal afirmó ayer que no ha sido omiso en el combate a la inseguridad, pero admitió que en años recientes ha habido un inusitado crecimiento en los índice de violencia en diversas regiones del país, contextualizado en el debilitamiento de estructuras institucionales de los tres niveles de gobierno.

Al referirse a esta problemática, por medio de un comunicado, destacó el robo de combustible, conocido como huachicoleo.

Además, lamentó que en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se han concluido los procesos para el reforzamiento de las corporaciones policiacas, ni se han elaborado normas para definir el alcance de la operación del Ejército.

Lo anterior, generado en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales en distintos niveles de gobierno, sean municipales, estatales o incluso federal, señaló la Secretaría de Gobernación (SG).

En el comunicado, la dependencia dio respuesta al pronunciamiento de organismos del sector privado acerca de la situación de inseguridad y violencia que se vive en el país, que el lunes pasado exigieron al gobierno federal que emprenda acciones inmediatas para combatir al crimen.

La SG hizo referencia a un informe del operativo especial que está en marcha (Escudo Titán), al tiempo que manifestó su respeto por las opiniones de los empresarios.

Esta administración federal reconoce que, contrario a la tendencia positiva registrada en sus primeros años en torno a la disminución de diversos delitos cometidos particularmente de manera violenta en el territorio nacional, 2017 resultó con un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país, puntualizó.

Las causas son variadas, agregó en el boletín, pero en mucho se explican por la diversificación de actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas en un principio al comercio de droga y con intereses también en la extracción ilegal de combustible, lo que comúnmente se conoce como huachicoleo.

De la misma forma incide la participación, en algunos casos forzada o inducida, de miembros de diversas comunidades que han sido utilizados para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca en la detención de personas que cometen ilícitos, como el robo a transporte en carreteras y a trenes de carga.

Enseguida la SG admite el debilitamiento de algunas estructuras de los tres niveles de gobierno y dice que, ante este panorama, el Congreso de la Unión y la SCJN no han resuelto temas fundamentales en materia de estructura orgánica de las policías municipales y estatales, así como los límites en la participación del fuero castrense en materia de seguridad pública.

En este contexto, señala que el gobierno federal “no ha sido omiso y ha tomado diversas medidas, como la implementación del operativo Escudo Titán, con la finalidad de mejorar los niveles de coordinación”, y precisa que se han detenido a mil 784 personas; ha disminuido 8.1 por ciento el delito de secuestro y se ha logrado el decomiso de drogas.

También destaca tres recientes detenciones de presuntos mandos del cártel Jalisco Nueva generación, así como un operativo para inhibir el robo de combustibles.