Mazatlán, Sin.

Ángel Francisco y su hermano Cristian regresaban de tomar muestras de minerales, junto con dos compañeros, cuando en un camino de terracería fueron emboscados. A los cuatro los asesinaron.

Ellos eran parte de los habitantes de Pánuco, municipio de Concordia, que decidieron volver a sus hogares confiando en la paz ofrecida por las autoridades, cinco meses después de huir hacia Mazatlán ante el temor que les provocan los enfrentamientos entre grupos armados que asuelan la región serrana y las amenazas de los criminales que les cobran cuotas.

Regresaron en enero de 2018, tras cinco meses fuera, para trabajar en lo único que sabían: la minería, pues donde se refugiaron no hubo empleos ni vivienda para ellos. Retornaron sólo para ser ultimados y sepultados en la tierra que los vio crecer, golpeada por grupos de narcotraficantes.

En meses recientes, en la serranía de Concordia han sido privados de la vida maestros, campesinos, comerciantes, mineros y ciudadanos en general.

Se fueron 545 familias en 2017

Ante este panorama, 545 familias (o 2 mil 126 personas) decidieron huir y se convirtieron en desplazados de 16 localidades de Concordia: La Petaca, Chirimoyos, El Coco, La Capilla del Taxte, La Mesa del Carrizal, Potrerillos, Santa Lucía, Cuatantal, Santa Catarina, Habal de Copala, La Guayanera, El Batel, Corte Alto, El Espinal, Charcas y Pánuco.

Era agosto de 2017 y la familia de Ángel Francisco, conocido como Pancho, y unas cien más huyeron de la comunidad de Pánuco y buscaron refugiarse en el puerto de Mazatlán

De 30 años de edad, Pancho y toda su familia (su esposa y sus hijos Ángel, Merary y Linsny (de 10, ocho y seis años de edad, respectivamente), además de sus hermanos y sus padres llegaron al puerto en busca de empleo. Lo encontró de ayudante de albañil y su hermano Cristian, de jornalero agrícola, en el municipio de Escuinapa.

Con estudios de telebachillerato (igual que su hermano), Ángel Francisco fue instructor del Consejo Nacional de Fomento Educativo, pero se hizo experto en detectar en las rocas la presencia de oro, plata y otros metales preciosos, oficio que aprendió de su padre desde pequeño y era reconocido entre quienes contrataban sus servicios.

La semana pasada, 23 de mayo, Pancho, su hermano Cristian y dos de sus compañeros regresaban de tomar muestras de minerales cuando fueron asesinados con armas de alto calibre en un camino de terracería a Pánuco. Sus cuerpos quedaron dentro del vehículo. Ambos fueron sepultados en Chupaderos, su pueblo natal donde residieron los últimos cuatro meses de sus vidas.

El poblado de Pánuco está enclavado en la Sierra Madre Occidental, muchos de sus habitantes se dedican a explotar los minerales, igual que lo hacían sus ancestros desde el siglo XVI, cuando se fundó.

Lorena, madre de Pancho, está convencida de no volver a residir en Concordia y prefiere cambiar su domicilio a Mazatlán. Con voz entrecortada expresa que ya no caminará por los montes a cortar leña o a pescar cauques (una especie de camarón) en los ríos, como lo decidieron muchos vecinos.

Ante el desempleo, retornaron

La mujer dice que sus hijos regresaron por la falta de empleo. Que su esposo, de casi 60 años de edad, no trabajará más en las minas y ambos buscan apoyo para seguir viviendo en Mazatlán y ayuda para las viudas y los cinco huérfanos que dejaron sus hijos. Sin embargo, no han recibido respuesta positiva de parte del gobierno estatal.

A principios de 2018, Raúl Carrillo Castaños, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó que ya habían retornado 461 familias (o mil 810 personas, 80 por ciento de los desterrados) que huyeron de la violencia en la sierra de Concordia.

Pero un vocero de 25 familias de desplazados de Concordia, comentó a Carrillo Castaños: “A la sierra no regresamos a vivir por miedo a que un día lleguen a levantarnos y matarnos; vemos por las carreteras a los hombres armados con cuernos de chivo cuando nos dirigimos hacia nuestras parcelas”.

El funcionario encabezaba una reunión en un asentamiento irregular de la colonia Siete de Abril, en Villa Unión, municipio de Mazatlán, donde aún quedan 25 de las 200 familias que inicialmente fueron albergadas en julio de 2017, cuando huyeron.

Carrillo Castañón informó a los desplazados que el gobierno del estado realiza una encuesta para conocer sus requerimientos, a fin de brindarles lo necesario para que retornen a sus comunidades, conforme a lo establecido en los mecanismos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Estrategia Nacional de Inclusión.

A los desplazados les informó de los proyectos del gobierno estatal para apoyarlos en su retorno: creación de aviarios, sembradíos de hortalizas y frutales, rehabilitación de centros de salud y la permanencia de los docentes en las escuelas.

Los programas, dijo, se realizan en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Salud, y Educación Pública.

Roque Vargas, coordinador de las familias desplazadas, respondió que requieren terrenos para vivienda y financiamiento gubernamental para establecerse en Mazatlán, como han decidido los desplazados de Chirimoyos, La Petaca, Santa Lucía, El Coco, Pánuco, Capilla del Taxte y la Mesa del Carrizal.

Lo mismo expresaron en abril anterior al gobernador Quirino Ordaz, quien prometió gestionar una reunión con el delegado del Instituto de Vivienda Estatal, no obstante, la cancelaron sin explicación alguna.

Omar Cuevas, director de participación comunitaria de la Sedesol en el estado, encargado del programa de estufas ecológicas, declaró que la mayoría de familias desplazadas en 2017 ya regresaron a los pueblos La Petaca, Santa Lucía, Pánuco y El Cuatanal. Por esto, dijo, aumentaron los pedidos de estufas: la semana anterior se repartieron 37 frente a nueve de principios de enero, cuando se inició el retorno de algunos desplazados.

Apenas nos alcanza el dinero. Padecemos altas temperaturas a las que no estábamos acostumbrados, pero no regresaremos porque tenemos miedo de perder la vida, arguyeron.

Los exiliados expusieron que abandonaron tierras productivas, animales de corral, cosechas de maíz, calabazas, ciruelos y nopaleras. Perdimos todo, pero ya había amenazas por no pagar cuotas al crimen organizado. Mediante la agrupación Movimiento Amplio Social Sinaloense solicitaron apoyos para edificar vivienda.

Sinaloa, tercer lugar del país en destierros

De acuerdo con el documento Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2017, presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2017 hubo 25 episodios de desplazamiento interno masivo en México, que afectó a 20 mil 390 personas en nueve estados.

Sinaloa ocupó el tercer lugar, con 2 mil 967 desplazados (14.55 por ciento del total), con cinco episodios violentos que afectaron 28 localidades de los municipios de Rosario, Escuinapa Concordia, San Ignacio y Badiraguato.