e acuerdo con un portal informativo del estado de Guerrero, desde el mes pasado el Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad habría admitido los recursos de apelación con que la Fiscalía General del Estado busca revocar los autos de libertad emitidos en favor de la ex comandante de la Coordinadora Regio-nal de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, Nestora Salgado García. Con la admisión de los recursos, presentados hace más de dos años, se reabren cinco causas penales de la fiscalía contra la hoy candidata al Senado por el Movimiento Regeneración Nacional.
Para entender la naturaleza de los cargos contra Nestora Salgado es necesario reconstruir la trayectoria de la ex comandante. En octubre de 2012, Nestora se puso al frente de la Policía Comunitaria de su municipio, institución regulada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, e integrada en el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Durante su gestión logró una caída dramática en los índices delictivos, e incluso recibió el reconocimiento público del gobierno estatal. Sin embargo, el 21 de agosto de 2013 fue detenida sin orden de aprehensión durante un operativo que contó con elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, e ilegalmente fue trasladada al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Le fueron fincados cargos por delincuencia organizada, secuestro y homicidio. De acuerdo con la activista, su defensa y los múltiples organismos de protección de los derechos humanos que se han pronunciado en su favor, la detención fue producto de una venganza política por haber señalado la complicidad de autoridades locales en el uso de la violencia por empresarios que deseaban monopolizar el comercio en distintos rubros, así como su implicación en el tráfico de drogas. Tras dos años y siete meses encarcelada, Nestora logró su libertad al ser absuelta en los siete juicios que se le seguían debido a la absoluta ausencia de pruebas en su contra. En los procesos judiciales quedó probado que no sólo la ex comandante no había cometido ningún ilícito, sino que se le acusaba por ejercer las labores propias de un cuerpo policíaco, como el arresto y puesta bajo resguardo de quien cometió un delito.
Pese a las contundentes sentencias absolutorias dictadas por todos los jueces federales y locales que conocieron su caso, diversos actores políticos han intentado manipular a la opinión pública para presentarla como una delincuente. De especial gravedad resulta que esta campaña de señalamientos desde tendenciosos hasta plenamente falaces se dé en el contexto de la participación de Nestora en el proceso electoral.
Un personaje que aprovechó la coyuntura para retomar los ataques contra la ex comandante es Isabel Miranda de Wallace, empresaria con amplios contactos en círculos de poder económico y político, quien de manera sostenida ha hecho uso de expedientes judiciales para desacreditar causas sociales. Dirigente de una asociación de combate al secuestro, Wallace tiene intereses personales en el caso de Salgado García: el subprocurador de Guerrero cuando se produjo el arresto de Nestora, el hoy finado Ricardo Martínez Chávez, fue su abogado personal durante años. También existe un historial de colaboración entre la señora Wallace y el entonces fiscal, Iñaki Blanco, destituido tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014. Legisladores que abogaron por la libertad de Nestora dieron cuenta de que tanto Martínez como Blanco ejercieron presiones para evitar el excarcelamiento de la dirigente, incluso cuando ya no ocupaban cargo alguno en la fiscalía.
Lejos de constituir hechos aislados, la súbita reactivación del caso después de más de dos años, la difamación del PRI y el golpeteo mediático de la señora Isabel Miranda configuran un peligroso intento por reavivar la criminalización de líderes comunitarios y establecen un precedente inaceptable al enviar el mensaje de que la participación política de los luchadores sociales será causa de persecución jurídica e incluso de ataques potencialmente letales, como muestra el rafagueo con armas de fuego contra la casa de una hija de Nestora, ocurrido esta misma semana.
