Mexicali, BC.

Participantes en la Marcha por la Dignidad, quienes rechazan la instalación de la cervecera Constellation Brands en este municipio y el contrato asignado a la empresa Aguas de Rosarito para operar una de las dos plantas desaladoras aprobadas por el Congreso local, a iniciativa del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ocuparon la caseta de peaje de la carretera Escénica y se manifestaron en Playas de Rosarito contra la privatización del agua.

Los inconformes además exigieron la liberación inmediata del líder del movimiento Mexicali Resiste, León Fierro Reséndiz, vinculado a proceso penal por lesiones calificadas y a quien consideran un preso político.

Ayer por la mañana, los activistas salieron de Tijuana para recorrer el último tramo de su marcha, que se inició hace una semana en Mexicali. A las 10 horas levantaron las plumas de las casetas de la autopista que une Tijuana con el puerto de Ensenada, y durante dos horas dejaron pasar vehículos sin pagar peaje.

Una vez en Playas de Rosarito, se manifestaron contra la instalación de una planta desalinizadora por considerar que faltó una consulta pública para divulgar los términos del contrato de la obra, por la que se pagarán 149 millones de pesos mensuales hasta 2055, cuando la infraestructura pasará a la administración estatal.

Bajo la lluvia, alrededor de las 15:30 horas marcharon por la avenida principal de Playas de Rosarito, coreando ¡agua sí, cerveza no!, ¡presos políticos, libertad! y ¡no a la desaladora!

Integrantes de la Marcha por la Dignidad se manifestaron ayer en Playas de Rosarito, Baja California, contra la construcción de una planta de la cervecera Constellation Brands y de una desalinizadora de la compañía Consolited Water Company, ya que consideran que ambos proyectos afectarán el medio ambiente y el estado adquirirá una deuda de 149 millones de pesos mensuales hasta 2055. Asimismo, exigieron la liberación del activista León Fierro, vinculado a proceso por lesiones calificadas y a quien los activistas consideran un preso político Foto Lindero Norte

La movilización llegó al predio donde se construirá la planta del corporativo Aguas de Rosarito, empresa formada por la fusión de tres firmas extranjeras encabezadas por Consolidated Water Company. El terreno se encuentra en litigio por un conflicto entre los inversionistas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el decreto 168 sobre asociaciones públicas-privadas, que incluye contratos para la construcción de plantas desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín, además de otras cuatro obras.

El análisis de la SCJN es resultado de un recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 11 diputados locales, quienes consideran que, al aprobar el decreto, el Congreso estatal declinó su obligación constitucional de legislar en torno al presupuesto de egresos durante las 12 legislaturas en que estaría vigente el convenio.

El gobierno estatal, la bancada panista en el Congreso de Baja California y sus aliados de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano argumentaron que aprobaron el decreto por las necesidades de agua de la población de Tijuana y de Playas de Rosarito, donde vive la mitad de los habitantes de la entidad.