En México, el número de solicitantes de refugio ha aumentado seis veces en los últimos tres años, ya que el país se ha convertido en un lugar de destino para los solicitantes y no sólo de tránsito pero, a pesar de eso, la cantidad de personas aceptadas aún es muy baja, afirmó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En el documento Agenda para la protección de personas refugiadas en México: 2019-2024, el Acnur recordó que a la largo de su historia, México ha brindado protección y asilo a miles de personas que tuvieron que salir de su lugar de origen por violencia y persecución, la mayoría de ellas provenientes del llamado triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y Venezuela.

Lo anterior ha ocasionado que la cantidad de solicitantes de refugio haya subido de 2 mil 137 en 2014 a 14 mil 596 en 2017, como parte de una tendencia que podría continuar en los años próximos. Sin embargo, el número de refugiados aceptados es muy reducido en comparación con el total de la población, pues actualmente sólo hay un solicitante por cada 9 mil mexicanos. En 2016, México no figuraba entre los primeros 100 países anfitriones de refugiados a nivel mundial.

Por tal razón, el Acnur indicó que este escenario requiere ajustar la política migratoria y de protección a refugiados en México con el fin de respetar plenamente las obligaciones en materia de derechos humanos y protección internacional adquiridas por el país, una observación que también es respaldada por otras oficinas dependientes de Naciones Unidas.

La Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político necesita ser revisada para enfrentar esta realidad y estar plenamente en conformidad con los estándares internacionales y con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la cual México es Estado parte.

Aunque el Alto Comisionado admitió que el país ha tenido avances en los años recientes en la protección de personas refugiadas, también resaltó que es necesario hacer más para garantizar su plena protección, por lo cual llamó a las autoridades a mejorar su política en la materia a través de una serie de reformas legislativas.

Sugiere que una sería fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados –la autoridad encargada de determinar quién es un refugiado y otorgar asistencia– y dotarla de autonomía orgánica y de gestión, aumentar sus recursos financieros y humanos e incrementar su presencia geográfica a lo largo del país.

Asimismo, debe cumplir cabalmente con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, buscar el fortalecimiento financiero e institucional de las procuradurías de protección de la niñez a nivel estatal y desarrollar modelos de atención distintos a los albergues de puertas cerradas.

De igual manera, llamó a mejorar la identificación de personas con necesidades de protección, no privarlas de la libertad y garantizar su regularización migratoria, fortalecer la asistencia humanitaria e integración local de los refugiados así como apoyar el surgimiento de comunidades de acogida.