La organización internacional Global Exchange (GE) aseguró que en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país, los ciudadanos reportaron compra y coacción del voto con miras a las elecciones del primero de julio, mediante despensas y el mal uso de recursos públicos de programas sociales, como Prospera, para influir en el sufragio de los beneficiarios.

Muchas personas expresaron desconfianza al señalar que no reportan la realidad por temor, amenazas, tendencia oficialista y otros intereses. Algunos informaron que existe colusión entre autoridades y crimen organizado.

La entidad, dijo, presenta una serie de desafíos para realizar una jornada electoral que garantice el derecho a votar de forma confiable y transparente. Vemos que las instituciones de todos los niveles de gobierno no tienen diagnóstico ni estrategia para enfrentar la combinación de la violencia generalizada y electoral.

En conferencia, Ted Lewis, director del organismo; Atala Chávez, directora del Instituto de Investigación, Práctica Social y Cultural, y Janice Gallagher, de Rutgers University, dieron a conocer los resultados de la misión internacional de observación prelectoral en Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Victoria, del 9 al 14 de mayo pasado.

Los activistas agregaron que en el estado, al igual que en el resto del país, se tiene casi el doble de personas registradas como funcionarios de casilla y que el Instituto Nacional Electoral ha reclutado a más 83 mil ciudadanos para cubrir los 41 mil 699 puestos. Sin embargo, en los tres puntos que visitaron existe la posibilidad de que declinen o falten el día de los comicios, por recibir amenazas o porque les pagaron.