La propuesta del diputado Leonel Luna de llevar a fondo perdido la reconstrucción y reforzamiento de 10 edificios del multifamiliar Tlalpan y nueve de otros tres conjuntos habitacionales carece de sustento jurídico real en la ley correspondiente, en la que sólo se establece que para ser beneficiario de apoyos con recursos del Fondo de Reconstrucción deberá respaldarse con un estudio socioeconómico elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social.

La propuesta, que entregó ayer el legislador a la Comisión de Reconstrucción, fue admitida para ser analizada por dicho órgano auxiliar del Ejecutivo local.

Sin embargo, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, señaló que el diputado está proponiendo un criterio que tiene un impacto financiero y debe tener un razonamiento jurídico para aplicarlo, además de contar con la aprobación de la Comisión de Reconstrucción, que es la que aprueba.

Interrogado al respecto, luego de colocar la primera piedra en el predio de Doctor Lucio número 103, en la colonia Doctores, donde estaba el edificio Osa Mayor, señaló que además tendrá que precisar cuál es el costo que estima para la reconstrucción y reforzamiento de esos 19 inmuebles, porque se está creando un criterio.

Amieva puntualizó que se busca que los recursos se empleen de manera justa y eficiente.

El mandatario capitalino garantizó que sólo se hará lo que la ley permita, para lo que alcancen los recursos y lo que la comisión de reconstrucción instruya.

En el caso de la reconstrucción del edificio Osa Mayor, detalló que se realizará el estudio de mecánica de suelos para determinar las técnicas constructivas y resista sismos; con base en esto se definirá el costo, del cual el gobierno aportará 10 por ciento a fondo perdido.

Además, cada una de las 54 familias que vivían ahí recibirán créditos accesibles para sus viviendas, así como ayuda para renta hasta por 4 mil pesos durante cinco meses.

Al entregar Leonel Luna en el Palacio del Ayuntamiento la propuesta para el multifamiliar Tlalpan, la unidad Girasoles III, Insurgentes Norte 476 y Rincón del Sur, explicó que plantea definir una partida del Fondo de Reconstrucción, y aunque se abstuvo de plantear una cifra, el colectivo Damnificados Unidos la estimó en unos 400 millones de pesos. Precisó que la propuesta se sustenta en el capítulo segundo de la ley en la materia, que se refiere a los apoyos a personas de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, previo estudio socioeconómico, que requiere también el aval de la Contraloría General.

Francia Gutiérrez, vocera del colectivo que estuvo también frente a las oficinas de gobierno con otros damnificados, señaló que en caso de que la comisión no admita la entrega de apoyos a fondo perdido para la totalidad de las familias afectadas, volverán nuevamente a salir a las calles y recurrirán a otras instancias, como la Comisión de Derechos Humanos capitalina.