Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa asesinado hace un año, es un ejemplo del periodismo valiente y profesional. Gracias a sus trabajos, los lectores se informaban más allá de las versiones oficiales. Daba cuenta constante del actuar del crimen organizado, la colusión de algunas autoridades, los estragos de la violencia en aquella entidad y el sentir de las víctimas; ese México que el gobierno prefiere ocultar, pero que plumas como la suya se encargaron de develar.

“Javier era un profesional que con su trabajo en los medios en los que colaboraba (este diario y el semanario Ríodoce, del que fue cofundador) daba cuenta del México (real) de las zonas sobre las que reportaba. Los contextos de violencia y de crimen que se vivían en esas regiones. Representaba el ejercicio de un periodismo valiente en zonas donde sabemos que ha habido problemas históricos de grupos delincuenciales. Abordaba temas para informar a una sociedad de lo que debe estar informada”, comenta el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Con motivo del primer aniversario del homicidio de Valdez Cárdenas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibe a La Jornada para hablar tanto de la labor del corresponsal como del estado de la investigación y la grave crisis de violencia contra los periodistas.

Desde su pespectiva, el mejor homenaje que se puede hacer a la trayectoria de Javier Valdez –al igual que a la de Miroslava Breach, corresponsal de este diario en Chihuahua, asesinada el 23 de marzo del año pasado– es que su asesinato no quede en la impundad.

Esta situación, considera, puede ser el parteaguas para que las autoridades conduzcan líneas de investigación diligentes, certeras, apegadas al debido proceso y que realmente conduzcan a la verdad y la justicia en los cientos de casos de periodistas asesinados en México, así como de los cientos de miles de ejecutados, desaparecidos y otros crímenes dolosos en el país.

Javier representa también la aspiración de transformación. Por eso resulta alentadora la detención de uno de los posibles autores materiales y la identificación de otros dos. Pero no se agota ahí, debemos conocer a todos los implicados (autores intelectuales). Este puede ser el caso que permita decir que sí es posible terminar con la impunidad.

Para Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, Javier Valdez era un ejemplo del periodismo valiente y profesionalFoto Jazmín Ortega Cortés

Desde el día del asesinato de Valdez Cárdenas, el organismo a cargo de González Pérez atrajo el asunto. Se dieron instrucciones al Programa de Agravios contra Periodistas de acompañar a la familia y se solicitaron medidas cautelares en su favor.

También han estado atentos al estado que guardan las investigaciones, tanto que a mediados del año pasado la CNDH solicitó que el caso fuera atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que se trabajaba en dos indagatorias paralelas, una de la procuraduría estatal y otra a escala federal. Si bien hubo dilación para atender esa solicitud, señala, en enero de este año la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, lo hizo. Con esto se evitarán duplicidades o riesgo de entorpecimiento, aun de buena fe.

Para el ombudsman nacional, el hecho de que en las diligencias una de las líneas centrales de investigación del crimen sea la labor periodística de Valdez Cárdenas es otro de los avances en la conducción del proceso.

Se necesita voluntad política, investigaciones diligentes, presupuesto para materializar y fortalecer las áreas de investigación de los atentados contra periodistas. El caso de Javier está dando pauta a que esa es la ruta, va por buen camino, pero necesita llegar a su destino: sentencias condenatorias.

No son pocas las ocasiones en que la CNDH ha alzado la voz para fustigar los crímenes contra periodistas. Las cifras del organismo señalan que de 2000 a la fecha en el país han sido asesinados 132 comunicadores, y de 2005 a 2017 hay 21 desaparecidos, al igual que un sinnúmero de amenazados, hostigados, agredidos físicamente o víctimas de procesos judiciales.

Estos medios directos de afectar la libertad de expresión han alcanzado cifras reprochables. Es una violencia que se ha mantenido desde hace casi 12 años. Toda agresión a la integridad física o muerte violenta de cualquier persona es reprochable, pero cuando se trata de comunicadores se lesiona al estado de derecho. La agravante es la impunidad.