Las investigaciones de Javier Valdez Cárdenas, publicadas en distintos medios de comunicación, incomodaron a autoridades e integrantes de organizaciones criminales. Pero algunos de sus compañeros tienen que continuar su ejercicio periodístico con medidas de seguridad, como autos blindados, chalecos antibalas o escoltas.

Las amenazas son constantes y algunas se cumplen, como hace un año cuando Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce, fue asesinado por integrantes del cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de Dámaso López Núñez, El Licenciado, según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

El ataque contra Valdez Cárdenas fue directo, su publicación incomodó. Recibió 12 impactos de bala, de los que cinco no salieron de su cuerpo. Uno de sus tres atacantes, Heriberto Picos Barraza, El Koala, fue detenido el mes pasado.

Los periodistas en México en esa situación de intimidación han tenido que recurrir a medidas cautelares solicitadas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

De acuerdo con la información de la fiscalía, de julio de 2010 a abril de 2018 la PGR, por conducto de la Agencia de Investigación Criminal, y la Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, han recibido 304 solicitudes de medidas cautelares.

En ese periodo, la Feadle otorgó a 216 periodistas contacto de reacción policial, en 108 casos proporcionó el Manual de prevención de delitos cometidos contra la libertad de expresión; 100 rondines domiciliarios; 23 escoltas de cuerpos especializados; tres autos blindados, y 12 chalecos antibalas.

La violencia contra periodistas se da en varias entidades del país; sin embargo, hay algunas en las que corren más peligro. Ciudad de México se posiciona en el primer lugar en que se aplican medidas cautelares, con 64 casos.

Le sigue Veracruz, con 32; estado de México y Oaxaca, 24; Guerrero, 21; Coahuila, 17, y Tamaulipas, 15, detalla la información de la Feadle.

En ese periodo, la fiscalía dio inicio a mil 68 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos contra comunicadores. De ese total, 84 son por homicidio, 428 por amenazas, siete por secuestro y una por tortura.

Entre otros delitos están lesiones, robo, allanamiento de morada, abuso de autoridad, extorsión y tentativa de homicidio.

Por otra parte, la PGR cuenta con un registro de 25 periodistas en calidad de desaparecidos.