Madrid.

El Tribunal Constitucional de España suspendió de forma cautelar este miércoles la reforma de la Ley de Presidencia, que aprobó el Parlamento de Cataluña, con la cual investiría a distancia al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien se encuentra en Berlín a la espera de resolver su situación penal.

Esta medida obligará al bloque independentista Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña y la Candidatura de Unitat Popular a presentar un candidato alternativo antes del 22 de mayo, fecha límite establecida por la ley. De lo contrario, automáticamente se convocará a elecciones anticipadas.

El Parlamento de Cataluña aprobó la semana pasada una reforma de urgencia que modifica la ley de la presidencia de la Generalitat con la finalidad de que pueda realizar la investidura a distancia de Puigdemont por vía telemática o por skype.

La decisión se alcanzó debido a que el ex presidente catalán es prófugo de la justicia y actualmente se encuentra en la capital alemana, a la espera de que un tribunal decida si lo extradita a España. Está acusado de rebelión, malversación de recursos públicos y desobediencia por su participación en el proceso de declaración de independencia unilateral de la región en octubre pasado.

Desde los comicios del 21 de diciembre se postuló a Jordi Turull como candidato, pero no logró mayoría por falta de consenso del bloque separatista, además de que también está encarcelado por participar en la declaración de independencia. Además, figuran otros nombres como potenciales candidatos, sin que tampoco hayan llegado a un acuerdo, entre ellos están Jordi Sánchez, Elsa Artadi y Oriol Junqueras.

El Parlament aprobó la modificación para permitir la investidura a distancia de Puigdemont, que es prófugo de la justicia, y lo hizo en contra del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, reportó el vocero del ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, tras presentar el recurso.

En este contexto, Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, procesó a los 25 líderes independentistas que diseñaron e impulsaron el proceso de secesión unilateral, entre ellos Puigdemont, a los que pretende juzgar por rebelión, malversación de recursos públicos y desobediencia.