La falta de justicia ante los crímenes atroces cometidos en México hacen evidente la urgencia de contar con un grupo de expertos internacionales que apoye y asesore a las autoridades mexicanas con el fin de acabar con la impunidad en el país.

Así lo planteó la organización internacional Open Society Justice Initiative en su informe Corrupción que mata, que presentará este jueves, en el que se da cuenta de varios casos de violencia y violaciones a los derechos humanos, como el de Allende, Coahuila, donde se pone de manifiesto el vínculo entre grupos del crimen organizado y autoridades de diferentes órdenes de gobierno, el cual sólo puede ser roto por entes autónomos.

En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios de acuerdo con cifras oficiales, además de más de 35 mil desaparecidos, y la mitad de los casos se han dado en el último sexenio; mientras la tortura sigue siendo una práctica rutinaria y generalizada, como lo ha señalado la relatoría de Naciones Unidas, reportó la organización.

Open Society Justice Initiative, es la fundación de derechos humanos más grande del orbe, la cual financia organizaciones de varios países y trabaja en México desde hace 10 años.

En entrevista, James Goldenstone, director ejecutivo de la agrupación, destacó que ante la impunidad y corrupción generalizada en el país, la experiencia en otras naciones, como Guatemala, muestra que crear y poner en operación instancias como una comisión con expertos independientes e internacionales ha ayudado a combatir la impunidad.

Confió en que con el cambio de administración, sea quien sea el candidato que triunfe en las elecciones del próximo primero de julio, haya voluntad política para aceptar el apoyo internacional, que hasta hoy se ha rechazado pese a que se ha propuesto incluso por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe muestra que al final del mandato de Enrique Peña Nieto, los crímenes violentos han aumentado en todo el país, y pese a que el mandatario anunció al inicio de su administración que cambiaría la estrategia de seguridad contra el crimen organizado basada en la militarización, en los hechos sigue con esa política e incluso se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual regulariza la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública.

Uno de los principales grupos coludidos con las autoridades, refiere el reporte, son Los Zetas, quienes han perpetrado delitos de lesa humanidad contra cientos de personas, sobre todo en Coahuila, como la masacre de Allende, donde se exterminó prácticamente a todo el pueblo por una venganza de este grupo criminal.