El sistema penitenciario nacional está en crisis. Muchas de las prisiones no garantizan los más mínimos derechos a los reos y, conforme a los estándares internacionales, su evaluación está en números rojos.

Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2017, que se presentó este miércoles.

Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, subrayó que pese a los avances de años recientes, nadie en su sano juicio puede pensar que tenemos un buen sistema penitenciario; no lo hay. Lamentó que ninguno de los cinco aspirantes a la Presidencia de la República se haya referido a fondo al tema.

El estudio incluyó un análisis de 198 de las 378 cárceles varoniles, femeniles y mixtas del país: 131 estatales, en las que están internas 161 mil 855 personas; 20 centros federales, que albergan a 21 mil 906 presos; tres militares, en las que hay 539 personas privadas de la libertad; 44 municipales, con 2 mil 529 internos, y 17 reclusorios femeniles, con 9 mil 705.

La calificación en promedio nacional para los centros penitenciarios es de 6.3, pero son los municipales los peor evaluados. De acuerdo con la funcionaria de la CNDH, actualmente alcanzan calificación de 3.99, apenas arriba de la obtenida el año pasado, que fue de 3.90.

Las prisiones estatales pasaron de 6.27 puntos en 2016, a 6.30 en 2017; los centros federales, de 7.21 a 7.33, y los militares, de 7.95 a 8.13. Los centros femeniles obtuvieron 7.26 puntos, mientras los mixtos apenas 5.98. En ese sentido, Villanueva Castilleja urgió en la necesidad de que haya al menos una cárcel para mujeres por cada entidad federativa, pues apenas existen 17 en el país.

Entre las deficiencias detectadas en los centros estatales, abundó, es que no hay separación entre la población en proceso y la sentenciada, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficientes condiciones materiales, hacinamiento, mala higiene en instalaciones, falta de actividades laborales y capacitación para el trabajo, y además del grave problema de autogobierno o cogobierno, falta atención y prevención de incidentes violentos.

En las federales la CNDH documentó que no se dan situaciones de autogobierno ni sobrepoblación o hacinamiento, pero se afecta el contacto de los reclusos con el exterior. Además, en 16 hay personal insuficiente; 14 carecen de actividades laborales y de capacitación, además de que presentan deficiencias en la atención a la salud de la población penitenciaria; en 13 se detectó insuficiencia para la prevención de adicciones y desintoxicación, y en ocho no hay separación entre procesados y sentenciados.

En las municipales se detectó inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para su funcionamiento; falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación para el trabajo; no hay separación entre procesados y sentenciados, y faltan reglamentos y manuales entre otras anomalías.

En las prisiones militares es recurrente la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.