Lima.

El Tribunal Constitucional ordenó este jueves liberar al ex presidente peruano Ollanta Humala y a su esposa, encarcelados desde hace nueve meses, mientras son investigados por presunto lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.

La corte anuló la prisión preventiva por cuatro votos en favor y tres en contra, al revocar la decisión del juez que encarceló a la pareja a mediados de julio de 2017. Humala había presentado un hábeas corpus en el que solicitó la anulación de su encarcelamiento, porque hasta el momento ni él ni su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados por la fiscalía.

Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, dijo en conferencia de prensa que pese a declarar fundado el hábeas corpus, los magistrados no han juzgado el tema de fondo, por lo que ambos seguirán siendo investigados por la fiscalía, pero estarán en libertad restringida.

Ambos son investigados desde hace casi tres años por el fiscal Germán Juárez.

El 13 de julio de 2017 el fiscal pidió encarcelar a la pareja por lavado de activos tras las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Humala, de 55 años, fue enviado a una cárcel para presidentes al pie de una colina polvorienta en la zona este de Lima, donde por entonces cumplía prisión el ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba sentenciado a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de 25 personas durante su gestión. Sin embargo, tras la liberación de Fujimori, Humala se convirtió en el único preso en el lugar.

Su esposa, Nadine Heredia, de 41 años y quien durante el gobierno de su marido fue considerada la mujer más poderosa del país, fue enviada a una cárcel de mujeres ubicada en el sur de Lima que alberga a cabecillas de Sendero Luminoso, narcotraficantes e integrantes del crimen organizado.

Por lo pronto, Luiz Mameri, ex director de Odebrecht para América Latina, confirmó que la constructora financió en Perú las campañas de Humala (3 millones de dólares) y la de la actual líder de la oposición, Keiko Fujimori (medio millón de dólares) en 2011, reportó el diario local El Comercio.

La fiscalía peruana decidió llevar a la justicia al ex presidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas realizadas a cinco mujeres durante su gobierno (1990-2000), informó la organización Demus.