Managua.

Los estudiantes que han liderado las recientes protestas en el país y que permanecen atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) aceptaron dialogar con el gobierno nicaragüense a condición de que el presidente Daniel Ortega ofrezca garantías de seguridad para ellos y sus familias.

Para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos ha extendido la Conferencia Episcopal de ser partícipes en la mesa del diálogo, en un contexto de respeto a todos los estudiantes y a nuestra Constitución, indicó un texto del Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19A).

Agregaron que asistirán al diálogo siempre y cuando se garantice que no habrá persecución política para ninguno de los insurrectos, advirtió la proclama.

Continuaremos resistiendo desde la Upoli hasta que se cumplan nuestras exigencias y se restituya un estado social de derecho, indicaron los estudiantes.

En tanto, líderes de la oficialista Unión Nacional de Estudiantes acusaron al opositor Movimiento Renovador Sandinista de manejar las protestas y tener secuestradas las universidades, en referencia a la Upoli.

Las manifestaciones antigubernamentales iniciaron el 18 de abril por el rechazo a una reforma del sistema de seguridad social que incluía aumentos en las cuotas obreras y patronales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que finalmente fue derogada, pero las protestas continúan.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que al menos 63 personas murieron y 15 están desaparecidas, como saldo de las protestas.

El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que él y los obispos Silvio Báez (auxiliar de Managua), Rolando Alvarez (Matagalpa), Bosco Vivas (León) y Jorge Solórzano (Granada) serán mediadores y testigos en el diálogo con el gobierno y que los obispos recibirán propuestas de la población para ser planteadas en el diálogo.

En este contexto, Alvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, presentó una denuncia contra Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera y otros mandos policiales de las localidades donde fueron reprimidas las protestas, por la muerte o desaparición de al menos 60 personas.