Por los acontecimientos de Tanhuato, Michoacán, donde falleciueron 42 civiles y un policía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió 14 recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y cuatro al gobierno de Michoacán, de las cuales sólo se han cumplido dos en el primer caso y una de la administración estatal.

De acuerdo con el organismo, se trata de uno más de los casos más graves de violaciones a derechos en que las autoridades siguen sin cumplir las recomendaciones.

El 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol, agentes federales se enfrentaron con presuntos integrantes del crimen organizado. Durante un año la Policía Federal (PF) sostuvo que se actuó conforme a los protocolos del uso de la fuerza y que no se vulneraron las garantías fundamentales, pero la CNDH acreditó lo contrario.

El 18 de agosto de 2016 emitió una recomendación por violaciones documentadas que responsabiliza a los federales de ejecutar a 22 personas, privar de la vida a 19 civiles, torturar a dos detenidos y a uno más infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de manipular el lugar de los hechos.

Indicó que en este caso la Procuraduría General de la República (PGR) no fue señalada como responsable directa, pero le corresponde continuar la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa iniciada.

Información de la CNDH señala que en la investigación se desprende falta de veracidad de los informes de la CNS y la PF sobre las circunstancias en las que se desarrolló el operativo, uso excesivo de la fuerza que culminó en la ejecución arbitraria de 22 personas, atribuibles a la PF y en la privación de la vida de cuatro personas que se encontraban en la bodega del rancho, así como la privación de la vida de otros 15 civiles, entre otras agresiones.

También documentó que no se dio la preservación del lugar de los hechos, a raíz de la manipulación de cadáveres, armas de fuego y elementos balísticos; hubo irregularidades de la Procuraduría estatal en la descripción de la ubicación de víctimas, indicios balísticos con los que se les relacionaron y omisiones en las necropsias de 42 cadáveres.

A casi dos años de haber emitido las recomendaciones, apunta que la CNS ha cumplido dos consistentes en capacitación a su personal e inscripción de 32 fallecidos en el Registro Nacional de Víctimas. Sin embargo, quedan pendientes 12 por resolver referentes a procedimientos administrativos de investigación, reparación del daño, colaboración en las investigaciones ministeriales, entrega de videograbación y audio y no hacer declaraciones públicas sobre la legalidad en un operativo.