Era conocida por las autoridades de salud y medio ambiente capitalinas la existencia del río Tacubaya en el predio destinado por el gobierno de Ciudad de México (CDMX) para el nuevo hospital general de Cuajimalpa, revela una investigación conjunta de Pro Contadero AC y La Jornada.

El ex secretario de Obras y Servicios (Sobse), Édgar Tungüi Rodríguez, quien hoy encabeza la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de CDMX, habría faltado a la verdad al asegurar que la constructora Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex) solicitó la terminación anticipada del contrato de la obra por fal-ta de pago, como consecuencia del esquema de pagos del Seguro Popular (La Jornada, 5/2/2018).

El 17 de octubre de 2017, Prodemex manifestó a la Sobse que, como consecuencia de la afectación de la zona federal del río Tacubaya en el predio del hospital (lo mismo confirmó el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua, oficio B00.801.08.02-254), los trabajos no podrían ejecutarse, pues era necesario modificar el proyecto y los estudios para continuar la obra, obtener nuevos permisos y contemplar nuevas gestiones técnicas, legales y sociales. Remataba la empresa: “Ante la falta de disponibilidad del predio... se contraviene lo establecido… en la Ley de Obra Públicas y Servicios… por lo que solicito dar inicio con las gestiones para terminación anticipada del contrato”.

El 30 de octubre, la Sobse (oficio CDMX/Sobse/DGOP/30.10.17/013, suscrito por el director de Obras Públicas, César Alejandro Guerrero Puente) determinó por causa de fuerza mayor la terminación anticipada del contrato. Esto fue evidenciado por el propio gobierno de la ciudad ante el Poder Judicial de la Federación, mediante oficio al juez primero de distrito en materia administrativa en CDMX. La constructora solicitó finalizar antes de tiempo el contrato de obra pública por la existencia del río Tacubaya dentro del predio donde se empezó a construir el hospital el 15 de diciembre de 2016, y no por falta de pago, como sostuvo Tungüi Rodríguez.

Pro Contadero cuestiona: ¿Sabía Ahued Ortega de la existencia de un río en los predios antes de que, el 4 de julio de 2016, según oficio SSCDMX/319/2016, solicitara recursos federales a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?

El 23 de julio de 2015, más de un año antes de solicitar los recursos federales, Ahued Ortega fue testigo del contrato de compra-venta por mas de 33 millones de pesos que celebró el oficial mayor Jorge Silva Morales para adquirir el predio contiguo al que originalmente ocupaba el hospital materno-infantil destruido por una explosión de gas el 29 enero de 2015. Las características del predio se documentaron por el levantamiento topográfico DGPI PT210-CJ/2015, en el cual se aprecian las colindancias del inmueble, y se destaca que al sur se encuentran un jardín de niños, una plaza y un expendio de Liconsa, mientras al norte se señala el río.

Las actas administrativas de entrega-recepción y formalización de la asignación de uso, aprovechamiento y explotación del predio adquirido, celebradas entre la directora general de Patrimonio Inmobiliario capitalino y el entonces Secretario de Salud se refieren al mismo levantamiento topográfico señalado en el contrato de compraventa; en las actas se aprecia su rúbrica. O sea, era sabido que los predios para el nuevo hospital se encontraban afectados por un río al norte de sus colindancias. La Secretaría de Salud capitalina gestionó diversas autorizaciones ante la Secretaría de Salud federal. La Dirección General de Planeación en Salud (Dgplades) otorgó el Certificado de Necesidad CDN-7001/D.F.-235/15, a pesar de la advertencia de que “el terreno debe cumplir con las especificaciones de la Guía de terrenos y estar fuera de avenidas de agua”.

José Oseguera, presidente de Pro Contadero, expresó: Valdría la pena preguntar al jefe de gobierno: ¿nadie se percató de la existencia del río en el plano topográfico que debió entregar la Secretaría de Salud capitalina a la Dgplades, al secretario Ahued Ortega y a José Narro Robles, secretario de Salud federal? ¿Cómo acreditó la Secretaría de Salud capitalina ante la federal la propiedad del predio adquirido el 23 de julio de 2015 si en el certificado de necesidad se autorizó 47 días antes de su compra? ¿Nadie vio el río? Y al ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade: ¿por qué se financió el proyecto de inversión del hospital si se omitió el estudio de factibilidad ambiental? ¿Por qué se abstuvo la titular de la Unidad de Inversiones de registrar el proyecto de inversión?

Alfredo García, miembro de la organización vecinal, concluye: urge cumplir el orden constitucional por parte de los servidores públicos para garantizar el estado de derecho que articula a la sociedad y armoniza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México frente a los intereses del Estado y las empresas.