Madrid.

Mientras en Barcelona el Parlamento catalán era un polvorín político, con el presidente de la Cámara haciendo un llamado público para hacer un frente común para combatir la represión del Estado español, en el norte de Europa –en concreto, en Finlandia– se ignoraba el paradero del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra quien hay una orden de búsqueda y captura internacional desde el viernes. Cuando el juez español del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llanera, reactivó la euro orden de detención en su contra, el ex mandatario catalán se encontraba en Helsinki dando una conferencia, pero al terminarla salió del país de forma furtiva para evitar la extradición. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, informó que su representado comparecerá ante la justicia de Bélgica en los próximos días, y no dio más detalles.

El día después de una de las jornadas más duras para el independentismo catalán también estuvo marcado por la incertidumbre, el enfrentamiento y la indignación ante los hechos de las pasadas 48 horas.

El bloque soberanista, sólo un día después de no haber logrado alcanzar un acuerdo para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Turull, ex consejero de Puidgemont, se enfrentó a detenciones y órdenes de captura contra sus principales dirigentes.

Actualmente la justicia española tiene abierta una causa general contra los impulsores del proceso de secesión unilateral del pasado 26 de octubre con una declaración simbólica que provocó, por un lado, la huida de Puigdemont a Bélgica por el temor a ser detenido y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la toma del control de las instituciones catalanas por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy.

Llarena inició una instrucción en la que actualmente tiene a nueve líderes independentistas en la cárcel, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el aspirante a presidir el gobierno tras los comicios del pasado 21 de diciembre, Jordi Turull, y a otras siete personas que participaron ya sea en el gobierno o en las plataformas civiles afines al proceso de separación del Estado español. Además, hay órdenes de detención internacional contra seis más, incluidos Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien huyó el viernes a Suiza.

Suspenden votación

El Parlamento catalán tenía previsto celebrar ayer el segundo debate de la investidura, pero al estar detenido el candidato Turull, además de otros diputados que tenían previsto participar en el mismo, finalmente el presidente de la Cámara, Roger Torrent, suspendió la votación y el pleno, y a cambio propuso celebrar una sesión simbólica en la que cada grupo fijara su posición política ante una de las crisis más serias en las instituciones catalanas de las últimas décadas. Los diputados independentistas se mostraron tristes y abatidos, en lo que definieron como una de las “épocas más oscuras y tristes de la historia, en la que el Estado español nos ha escupido a la cara.

Miles de personas denunciaron ante las oficinas públicas del gobierno español en la región la represión y la falta de garantías de una justicia transparente. Torrent explicó que es necesario denunciar que los poderes del Estado impiden la expresión de los diputados electos.

La primera en tomar la palabra fue Inés Arrimadas, como líder la primera fuerza del Parlamento, Ciudadanos. Lamentó que se haya llegado a una situación de enfrentamiento, en la que los propios diputados catalanes ni siquiera son capaces de saludarse en los pasillos del hemiciclo, y responsabilizó a los independentistas de la situación de incertidumbre de los catalanes.

Una vez fijada la posición de la fuerza hegemónica del unionismo tomó la palabra Sergi Sabriá, actual cabeza de ERC ante la huida de Rovira, quien llamó a los secesionistas a desvincularse de una vez por todas de una España represiva y corrupta.

El grupo del derechista Partido Popular (PP) decidió abandonar el pleno y no participar de un acto que consideraron de parte.

Una vez terminado el debate, el presidente del Parlamento realizó un acto público con las fuerzas independentistas, a la que se unió la marca electoral de Unidos Podemos en la región –Cataluña en Común– para hacer un llamamiento para que se forme un frente democrático para responder a las medidas represivas que está imponiendo el Estado español. Es una respuesta que, advirtió, deber ser cívica, pacífica, pero sobre todo política.