El manejo forestal que durante 30 años han realizado ejidos y comunidades para conservar los bosques y selvas está en riesgo, ya que al dictamen de la Ley Forestal que está en el Senado se le hizo una modificación que, de aprobarse, permitirá el regreso a la explotación forestal de grandes empresas madereras que en el siglo pasado arrasaron con amplias extensiones de recursos.

Sergio Madrid, experto de larga trayectoria con comunidades del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss), señaló que la legisladora Hilaria Domínguez, del PRI, incorporó un párrafo al artículo 48 de la iniciativa en el que se plantea que los dueños de terrenos forestales pueden transferir a terceros su permiso de aprovechamiento del bosque.

Alrededor de 70 por ciento de bosques y selvas son propiedad colectiva de comunidades y ejidos, unas 12 millones de personas que dependen directamente de esos recursos. El trabajo forestal incluye un programa de manejo avalado por la autoridad ambiental que se da por periodos de 10 a 30 años y en el que se delimitan los predios en los que cada año se pueden cortar árboles, se define el número de ejemplares a remover y las actividades de conservación que se deben realizar. Este tipo de permisos son los que la senadora Domínguez propone que se puedan transferir.

En entrevista, Madrid consideró que esto es grave porque los permisionarios podrían transmitir la titularidad de los permisos a terceros, quizás serían empresas madereras, la titularidad se mantiene en el dueño de la tierra, es el responsable del aprovechamiento, aunque haga contratos con terceros, pero los ejidatarios son los responsables sobre todos los ciclos de corta que van de 10 a 30 años. Cuando se haga una transmisión, el maderero podrá tener la titularidad por todo el ciclo de corta, de una a tres décadas.

Mencionó que el ejido quedará atado a un convenio económico y va contra lo que se ha hecho en las últimas décadas para que ellos sean dueños, administradores y controlen el proceso productivo, además de conservar el bosque.

Entre otros temas que el dictamen omite está la propuesta de un diseño institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades para las regiones forestales y con una serie de medidas que busca mejorar la gestión forestal y acercarla a todos los productores.

El dictamen aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presidida por el Partido Verde, tampoco incluye medidas para la mejora regulatoria y la gestión, como la adecuada regulación de los aserraderos móviles, aclarar la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria y la definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas.