Daniel García Rodríguez se considera un preso político del entonces gobierno de Arturo Montiel Rojas en el estado de México y del procurador Alfonso Navarrete Prida, actual secretario de Gobernación: Hemos acreditado en 60 mil fojas mi inocencia y el Estado mexicano no quiere reconocer que me fabricaron un caso y que inventaron delitos.

A pesar de que el año pasado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió su inmediata liberación del penal de Barrientos, García Rodríguez sigue preso.

Solicitamos el cambio de medida cautelar de prisión preventiva para que nos permita llevar el caso en libertad, pero la juez Martha Salgado Román, del juzgado único penal en Tlanepantla, lo ha negado en dos ocasiones alegando que no se lo permite el artículo 19 de la Constitución y no quiere aceptar el artículo 21. En definitiva, argumenta un galimatías jurídico con el fin de no dejarnos ir, dice en entrevista con La Jornada.

Esta historia de terror para Daniel García Rodríguez empezó el 25 de febrero de 2002, cuando tenía 37 años, era priísta y trabajaba como secretario particular del entonces presidente municipal Antonio Domínguez.

Fue interceptado por dos hombres vestidos de civil a bordo de un coche particular. En ese momento le dijeron que la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, en el estado de México, le solicitaba se presentara a declarar sobre el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamez Pérez, del municipio de Atizapán de Zaragoza. Fue privado de su libertad sin orden de aprehensión.

A continuación le comunicaron que el juzgado quinto penal del distrito judicial de Tlalnepantla ordenó su arraigo por 30 días en un hotel de ese municipio mexiquense.

No tenemos nada contra ti, sólo necesitamos que nos ayudes, le dijo el entonces subprocurador de Tlalnepantla, y a continuación le pidió que firmara una declaración que llevaban ya redactada sobre presuntos actos de corrupción de Carlos Madrazo Limón y Antonio Domínguez Zambrano, el primero ex presidente municipal y senador de la República y el segundo alcalde de Atizapán de Zaragoza, ambos del PAN y con quien García Rodríguez había colaborado.

“Cuando me arraigaron sufrí tortura sicológica. Me amenazaron para obligarme a firmar esos documentos. Y me dijeron: ‘Si no nos firmas vamos a ir contra tu familia y los vamos a ir acusando de delitos y el penal me lo llenan de familiares’”, dice.

Cuando se negó a firmar, Daniel fue amenazando con que lastimarían a su esposa, hijos, hermanos, padres y primos. Los ministeriales arraigaron entonces a dos primos y a su padre, acusados todos falsamente de otros delitos, como homicidio, encubrimiento y delincuencia organizada.

A pesar de que fue detenido por el homicidio de la regidora Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre de 2001, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México emitió alrededor de 40 boletines para señalar a Daniel y a sus familiares como parte de una red de espionaje político contra el gobierno de Montiel Rojas.

“Luego nos difaman en la prensa diciendo que formamos una red criminal; nos identifican como corruptos, narcotraficantes, homicidas, espías… nunca antes en ningún caso han existido tantos boletines y conferencias de prensa de una institución como en nuestro caso. Todo fue una maniobra de Arturo Montiel para manejar que los gobiernos panistas eran corruptos.”

Finalmente fue acusado de autor intelectual del homicidio de la regidora y le abrieron otras causas por extorsión, fraude, delincuencia organizada y alevosía y ventaja en el homicidio. En total, alcanzaba 93 años: Por fortuna ya no tengo esas acusaciones gracias a los amparos que he ido metiendo.

Testigos falsos

Durante todos estos años, Daniel García Ramírez se convirtió en su propio abogado, especialista en derecho procesal. Estudió las leyes y memorizó artículos de la Constitución y los códigos penales. También aprendió a realizar amparos y finalmente se fijó el firme objetivo de demostrar su inocencia.

No está solo, lo acompañan su esposa y su hija, Aribel García Pérez, quien estudió derecho y se ha convertido en la principal defensora de su padre.

Aribel tenía 12 años cuando su padre fue encarcelado y para encabezar el apoyo coordina ahora el colectivo Pena sin Culpa, desde donde ha acudido a todas las instancias locales e internacionales para sustentar con pruebas y argumentos judiciales la fabricación del delito del Estado mexicano.

En entrevista con La Jornada, afirma que su padre es el preso con mayor número de años (16) en prisión preventiva de América Latina.

La prisión preventiva, según la Constitución, tiene que durar un año o máximo dos. Mi papá no solamente tiene este récord del mayor tiempo en prisión preventiva, sino que ya cumplió una pena anticipada, una pena que no le correspondía. El Estado mexicano dejó dormir el caso. Ni siquiera está consignado.

Cuenta que ocho meses después, el 25 de octubre de 2002, fue detenido Reyes Alpízar Ortiz, quien fue víctima de tortura física y sicológica durante el arraigo. Le aplicaban descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, quemaduras e inyecciones para obligarlo a firmar una confesión de que él había acompañado a una persona llamada Jaime Martínez Franco (preso en ese momento) a cometer el asesinato de la regidora y que Daniel García era el autor intelectual del homicidio.

Mi papá lleva preso 16 años por la firma de un señor que fue torturado y por el señalamiento de otro que estaba preso ese día. Mi papá es inocente y lo hemos comprobado. Fabricaron el delito de una manera muy burda y el arraigo fue fundamental, asegura Aribel.

Añade: En esos 40 días de arraigo aparecen dos testigos de la nada que dicen que en una fiesta llegó un borracho que iba con otro borracho y contactaron a los ministeriales para denunciar que mi papá había pagado para que mataran a la regidora por órdenes del presidente municipal. Pero después resulta que en autos, en la carpeta de investigación, estas personas ni siquiera habían tenido esa conversación ni la procuraduría tenía el informe. Sin embargo, esa fue la única prueba en que la procuraduría sustentó la acusación.

Añade: Recuerdo que fui a visitarlo al arraigo y fue el peor momento de mi vida. No sé que efectos tiene el arraigo en las personas, pero resulta absolutamente dañino, por la tortura sicológica; él insistió siempre que todo era fabricado y era una mentira. Sufrió muchísimo, tanto que cuando llegó al penal, dice que sintió un alivio.

Ayuda internacional

El proceso contra García Rodríguez lo han llevado nueve jueces, que han sido ascendidos y ahora son magistrados o subieron de puesto.

Ante la inoperancia del sistema de justicia, en 2007 mandó cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apenas en diciembre del año pasado les contestaron la admisión del caso.

Ya no tengo esperanza en el estado de derecho de México; nuestra esperanza es la justicia internacional. Tendremos reuniones con el gobierno federal para ver si hay conciliación en un procedimiento de solución amistosa, y si no la hubiera, sigue que la CIDH entre a fondo al asunto y establezca definitivamente el resto de víctimas de mi padre y mis primos, dice Daniel García.

Añade: “Estamos en la posibilidad de exhibir al Estado mexicano como mentiroso, fabricador de delitos, que no procura justicia, sino provoca delitos.

La fabricación de delitos es muy común: la tortura, la simulación. La verdad es que hacen barbaridades, incluso hoy día, a pesar del sistema oral, siguen estructurando falsedades.

A pesar de los llamados de organismos internacionales en favor de su liberación, ya cumplió su pena, porque los 16 años que ha estado preso superan la sanción por el delito que le fabricaron: Esta pena ya está muy rebasada. Lo grave del asunto es que estoy a punto de compurgar una pena de 32 años y hoy día quizá no alcanzaría una pena de 28 años por un homicidio, por un agravante que es el de premeditación.

Por ahora, Daniel seguirá empeñado en su objetivo de demostrar su inocencia, y al salir libre piensa dedicarse a la defensa de los derechos humanos, para ayudar a gente en su situación. Su familia, a pesar de todo, sigue unida: Mis hijos terminaron su carrera, mi esposa no ha dejado una semana de venir a verme. Mis hermanos, después de la muerte de mis padres, se hicieron cargo de mi comida aquí. Este apoyo familiar me ha reconfortado y me da fuerzas para seguir luchando por mi inocencia, concluye.