A partir del presente ejercicio fiscal, los partidos políticos deberán devolver al erario los remanentes del financiamiento público entregado para actividades ordinarias y específicas que no hayan sido comprobados, utilizados o devengados durante el año, acordó la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante una queja de Morena porque el Instituto Nacional Electoral (INE) omitió requerir a los partidos el reintegro del remanente no ejercido del financiamiento público, los magistrados resaltaron que estas agrupaciones políticas son sujetos obligados por las normas presupuestales y hacendarias, además de que el Constituyente les asignó la calidad de entidades de interés público.

Por ello, los recursos derivados del financiamiento público a que tienen acceso se rigen por los principios que regulan el gasto público, como los de economía, austeridad, racionalidad y anualidad del presupuesto. Asimismo, se encuentran obligados a realizar el reintegro de los remanentes.

En su sesión del pasado viernes, la sala superior del tribunal ordenó al INE establecer lineamientos para la devolución de los recursos no ejercidos o no comprobados.

Por otra parte, pidió al consejero presidente del instituto notificar a Pedro Ferriz de Con el estado en que se encuentra su petición de anular la etapa de captación de apoyo ciudadano, dentro del proceso de registro de candidaturas independientes, interpuesta debido a las deficiencias que tuvo la aplicación para reunir firmas y un posible uso ilegal del padrón electoral.

Los magistrados confirmaron la sentencia de la Sala Regional Especializada, según la cual no se acreditó que la reunión que tuvieron dirigentes y gobernadores del PRD en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de Ciudad de México (para analizar la posible candidatura presidencial del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera) haya constituido un uso indebido de recursos públicos y afecte la equidad de la contienda.

Explicaron que no hay elementos para acreditar que se trató de un acto proselitista para posicionar a una determinada persona ante la ciudadanía y que implicara una afectación o puesta en riesgo de los principios de imparcialidad, neutralidad gubernamental y equidad.