El abogado Marco Antonio del Toro presentó quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Estado mexicano por violaciones a las garantías fundamentales de Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además, interpuso una querella administrativa en contra del titular del juzgado sexto de distrito de procesos penales federales de Ciudad de México y amplió una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR) por diversos delitos.

Del Toro señaló que es evidente el carácter de persecución política que enfrenta la maestra al restringirle visitas y comunicación como parte de la prisión domiciliaria que le impuso el juez sexto la semana pasada.

Las medidas de control, expresó, están directamente relacionadas con la adherencia a un candidato a la Presidencia de la República por parte de su yerno y nieto, lo que gestó especulaciones sobre sus propias decisiones, a pesar del prudente silencio de años que ha guardado la maestra.

Estas determinaciones restrictivas solicitadas por la PGR y ordenadas por el titular del juzgado sexto, agregó, no son medidas de seguridad para vigilar la permanencia de Gordillo Morales en su domicilio. Se trata de medidas de control absolutamente arbitrarias y vejatorias de sus derechos fundamentales.

La defensa pidió a la PGR que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, tome conocimiento de las violaciones.

Recordó que interpuso queja de 48 horas ante un tribunal colegiado de circuito contra la decisión del juzgado décimo segundo de distrito en materia de amparo penal, que negó conceder a la defensa una suspensión provisional de los actos reclamados a dicho juzgado federal.