La triangulación de recursos públicos desde organismos gubernamentales hacia empresas fantasma, o que no tienen capacidad suficiente para hacer los trabajos encomendados, se ha realizado en muchas ocasiones por medio de universidades públicas, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el informe general entregado el martes en la Cámara de Diputados, el ente revisor del gasto gubernamental indicó que estas irregularidades surgen al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite la asignación directa de contratos entre dependencias y entidades públicas.

La ASF subrayó que se trata de un área donde se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de fondos públicos, pues en muchos casos no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, con una patente desviación de dinero.

Como ejemplo de ello, el organismo mencionó el caso de los convenios celebrados entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y Autónoma de Nuevo León, los cuales fueron analizados en la auditoría identificada con la clave 408-DE.

Sin capacidad comprobada

De acuerdo con el análisis, esas casas de estudios fueron contratadas por la Conagua para realizar un análisis, diagnóstico y seguimiento en procedimientos de materia penal, transparencia y tenencia de la tierra para el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México.

Ambas instituciones afirmaron tener la capacidad técnica, material y humana para realizar el trabajo, pero sin haberlo comprobado de manera fehaciente.

De igual manera, afirmaron que no necesitarían hacer subcontrataciones con terceros por más de 49 por ciento del impuesto total del convenio, como señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero la UMSNH otorgó a ocho empresas 15 contratos por 10 millones 77 mil pesos, equivalentes a 91 por ciento del pacto firmado originalmente con la Conagua.

Para justificar la asignación directa referida, dicha casa de estudios señaló que debió hacerlo por causas de fuerza mayor, argumentando que no pudo realizar una licitación pública debido a la huelga de su sindicato y la toma de sus instalaciones por parte de un grupo de estudiantes.

Sin embargo, omitió mencionar que la asignación de seis contratos se realizó en un periodo en el que no ocurrieron ninguno de los dos sucesos que señaló, y que la mencionada huelga se realizó a puertas abiertas, por lo que sus actividades no se vieron realmente afectadas.

A todo ello se suma que no justificó el monto a pagar con un estudio de la eficiencia y honradez de las empresas subcontratadas, ni mostró evidencias de que le hubieran entregado el material por el que ya había pagado, por lo que la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por los mencionados 10 millones 77 mil pesos.