Los pueblos nahuas de ejidos y comunidades agrarias de la Cuenca de México (que comprenden la mayor parte del sur del territorio de la capital del país) –constituidos desde diciembre en Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México (AAPCM)– manifestaron su oposición a leyes injustas, como la Constitución de la Ciudad de México, que lacera los derechos agrarios más elementales consagrados en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que también lastima derechos agrarios de los pueblos, así como la Ley General de Biodiversidad, que legaliza el saqueo de los recursos naturales propiedad de los pueblos indígenas del país.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los representantes legítimos de 18 pueblos originarios de la demarcación, en su mayoría agrícolas y con bosques, sostuvieron: “Tenemos un origen ancestral y relaciones históricas de siglos y hemos determinado caminar coordinados en la defensa de nuestros derechos“, en una organización ajena al gobierno y los partidos políticos.

Con la participación de otros pueblos de la llamada Cuenca de México, algunos de cuyos voceros también tomaron la palabra, coincidieron en lo que expresó Francisco Pastrana, de Milpa Alta: "Somos los pueblos los únicos que podemos revertir la crisis ambiental de la ciudad".

Se proclaman dueños de más de 50 por ciento del territorio de la capital del país, lo que sustentamos con títulos de propiedad expedidos por la autoridades virreinales durante el periodo colonial y resoluciones presidenciales de titulación y confirmación de nuestras tierras, así como herederos de una cultura ancestral.

Con diversos desacuerdos o conflictos con instituciones federales (Procuraduría Agraria, Conafor, Sedatu, Conagua, tribunales agrarios) y de la entidad, estos pueblos apelan también a los gobiernos delegacionales y prometen ser una papa caliente para los candidatos en ciernes. Reivindican sus formas propias de representación agraria, social y política: Defenderemos nuestras legítimas representaciones de las leyes, las instancias de gobierno y los funcionarios que pretenden desconocerlas.

Como punto medular de su amplia exposición coral esta mañana, declararon que no permitirán que las tierras, aguas y montes de la vasta serranía (o corredor) Ajusco-Chichinautzin, de propiedad colectiva, sean despojadas y destinadas al desarrollo inmobiliario, la explotación de recursos naturales y la implementación de planes y proyectos que no benefician a nuestros pueblos y ponen en riesgo los últimos espacios naturales de la entidad. Según Pedro Rodríguez Sandoval, de Totoltepec, las autoridades, las inmobiliarias y las trasnacionales impactan más nuestros territorios que invasores y talamontes.

Los pueblos de dicha serranía encabezamos las labores de conservación ambiental en los últimos reductos naturales de la entidad, lo que beneficia a más de 20 millones de habitantes de la Cuenca de México y el valle de Cuernavaca.

Participaron en la conferencia pueblos del centro del Anáhuac, despojados de nuestros territorios ancestrales por la irresponsable expansión urbana de la ciudad y la privatización, el despojo y la expropiación de tierras. Exigieron respeto a nuestra identidad como pueblos indígenas y la reconstitución de nuestros territorios ancestrales.

Pusieron en el centro de sus confrontaciones con el Estado a la Procuraduría Agraria (PA), en particular su delegado en el Distrito Federal (sic), René Francisco Bolio Halloran. Denunciaron sus prácticas sistemáticas de falsas asambleas comunitarias para imponer representaciones comunales y comisariados ejidales, con la intención de despojarnos de nuestras tierras comunales para destinarlas a instalaciones de las fuerzas armadas.

Los miembros de la AAPCM comparten la determinación de que ningún proyecto, de ningún tipo se realizará en sus tierras comunales sin el aval de asambleas legales y legítimas. No toleraremos consultas que no cumplan con los estándares internacionales. Nuestro modo de consulta es la determinación comunitaria en asambleas y no la que el gobierno pretenda imponer, añadieron.

Ninguna organización, asociación, partido político, funcionario, líder, operador político o jefe va a tutelar y dirigir nuestra lucha, que es digna y que solamente sirve y responde a los pueblos. En consecuencia, cualquier gobierno que pretenda operar en la entidad deberá hacerlo en el marco del respeto a nuestros derechos y sistemas normativos internos reconocidos en la legislación nacional e internacional. Es la única forma de propiciar una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado.

La comunidad de Milpa Alta (compuesta por los pueblos Villa Milpa Alta, San Pablo Oztotepec, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín Ohtenco, San Francisco Tecoxpa, San Pedro Atocpan), y la de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (Tlalpan) están bragados en la resistencia. Se han unido con los ejidos San Andrés Totoltepec, San Nicolás Totolapan, Héroes de 1910 y las comunidades Santa Cruz Xochitepec, Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlalnepantla, San Mateo Tlaltenango y San Mateo Xalpa, además de pueblos y barrios de Culhuacán. Esta mañana los acompañaron otros pueblos del corredor Ajusco-Chichinautzin en las delegaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. También de Coyoacán, Venustiano Carranza, Xochimilco, Milpa Alta (San Salvador Cuauhtenco) y Tlalpan.