Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros “detuvieron de manera ilegal y arbitraria a cuatro personas (un mexicano y tres estadunidenses), las desaparecieron forzadamente y las ejecutaron arbitrariamente” en Matamoros, Tamaulipas, en octubre de 2014.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al titular de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y al alcalde de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante.

Desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico, a finales de 2006, ya suman con ésta 42 recomendaciones de la CNDH a la Semar por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos navales.

Mandos de la Marina informaron que se acepta la recomendación, además de que está a la espera de los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales para, con base en ello, actuar en consecuencia.

La CNDH detalló que el 13 de octubre de 2014 dos hermanos estadunidenses salieron del domicilio de su padre, en el poblado Control, en Matamoros, para reunirse con su hermana, quien estaba con un mexicano en las inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco.

En ese lugar fueron privados arbitrariamente de su libertad por marinos y personal del Grupo Hércules (formado a instancias de la entonces alcaldesa Leticia Salazar), pues no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara las aprehensiones.

La CNDH confirmó que todas las corporaciones que operaban en la región negaron su participación en las detenciones y manifestaron desconocer el paradero de las víctimas, con lo cual se configuran los elementos del hecho violatorio de la desaparición forzada.

El 29 de octubre de ese año se hallaron los cuerpos sin vida de las cuatro personas. “El análisis efectuado a las evidencias recabadas por la CNDH y a los informes periciales de la representación social de Tamaulipas permitió determinar que la causa de muerte fue provocada de manera intencional y de origen violento, ya que fallecieron por traumatismo craneoencefálico con fractura producido por proyectiles de arma de fuego, esto es, que hubo ejecución arbitraria. Además, en los informes médico-legales de peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, dentro del lapso de cronotanatodiagnóstico, existe correlación de su muerte con la fecha en que fueron privadas de la libertad”.

El organismo que preside Luis Raúl González Pérez determinó que existieron violaciones a los derechos la libertad, la integridad y la seguridad personal, a la legalidad, la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas. También se violó el derecho a la verdad de los familiares, como víctimas indirectas, así como para establecer la probable responsabilidad de los marinos e integrantes del Grupo Hércules, lo que aún es investigado y está pendiente de determinar por el Ministerio Público Federal.

La CNDH también pidió que se investigue la actuación de los agentes de la Policía Federal que presenciaron la detención, pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a sus superiores; reparar de manera integral el daño; proporcionar a la Procuraduría General de la República toda la información y documentación necesaria para la investigación, y colaborar con las denuncias y quejas que presentará ante diversas instancias, con la finalidad de que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas.