Personalidades de la política y defensores de derechos humanos demandaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que vete la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso de la Unión y con ello enmiende el error cometido por la mayoría de legisladores.

En un pronunciamiento titulado Por México Hoy, dirigido al mandatario federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el defensor de derechos humanos Miguel Concha Malo, el legislador Alejandro Encinas, el ex líder del movimiento estudiantil de 1968 Félix Hernández Gamundi, la activista Clara Jusidman, el político independiente Pedro Kumamoto y siete personajes más solicitaron que se abra un diálogo nacional para analizar la ley.

Recordaron que el 8 de diciembre pasado Peña Nieto pidió al Senado abrir espacios de diálogo con la sociedad para escuchar todas las voces antes de tomar una decisión acerca de esa norma, pero lejos de atender esa solicitud, los legisladores realizaron audiencias en forma apresurada que resultaron una simulación, ya que ninguna de las propuestas y señalamientos presentados por representantes de organismos defensores de derechos humanos y de la sociedad civil fueron tomados en cuenta.

Enmendar el error

Dijeron que el Presidente tiene la posibilidad de enmendar un error de dimensiones históricas cometido por la mayoría en el Congreso de la Unión. Exhortamos al titular del Ejecutivo federal a que, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 72 de la Constitución, observe la Ley de Seguridad Interior.

Indicaron que en el diálogo deben debatirse las propuestas y observaciones de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 25 comisiones estatales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de instancias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, los colectivos agrupados en #SeguridadSinGuerra, rectores de distintas instituciones de educación superior y ciudadanos en general, que deben ser escuchados.

Se trata de encontrar alternativas para hacer frente a la inseguridad y la violencia en el país sin menoscabo del estado democrático de derecho y el estricto respeto a los derechos humanos. El combate al crimen organizado no puede ser una coartada para el restablecimiento del autoritarismo, finalizaron.