A partir de 2012 el PRI ha sido la fuerza política con mayor pérdida electoral y actualmente gobierna 13 de las 32 entidades del país, lo que representa una disminución de millones de electores, pero conserva la Presidencia de la República.

La baja tiene diferentes ángulos. Si la referencia son las gubernaturas, la merma resulta en aproximadamente 3.9 millones de votos, respecto de los resultados de la contienda inmediata anterior, pero si se habla de elecciones federales intermedias (2015 y 2009) el descenso fue de 1.2 millones de sufragios.

La dirección del PRI afirma que este partido es el más votado (en la presidencial de 2012, Peña Nieto obtuvo 19.2 millones de votos contra el desplome de 9.3 millones de Roberto Madrazo, en 2006). Sin embargo, el retroceso en el último lustro es principalmente a nivel estatal y local, con una característica peculiar: en algunos sitios obtuvo más sufragios que en el pasado pero no le alcanzaron para hacerse del poder, mientras que en otros sí ganó, pero con una cifra de sufragios mucho menor, como ocurrió en el estado de México, donde la pérdida para el tricolor fue de 1.2 millones de votos, respecto de lo logrado en 2011, aun con las diferencias de participación ciudadana y variaciones de las listas de electores.

Expulsiones fast track

En años recientes el PRI no pudo recuperar importantes bastiones y por primera vez en su historia, perdió Veracruz, Quintana Roo y Durango. En los tres casos frente a ex priístas. El mayor declive se dio en Veracruz, donde pasó de gobernar 69 a 32 municipios.

Actualmente sólo quedan cinco entidades en las que no ha habido alternancia, es decir, donde siempre ha gobernado el PRI: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y estado de México.

El priísmo redujo su presencia en municipios y en no pocas capitales de los estados (hoy está al frente en menos de la mitad).

A esa condición se suman las acusaciones de corrupción y otros delitos graves contra varios ex gobernadores, quienes ante el escándalo fueron expulsados vía fast track de las filas del tricolor. Nunca como ahora los ex mandatarios surgidos de ese partido habían estado inmersos en investigaciones que derivaron en órdenes de aprehensión y/o encarcelamiento.

Javier Duarte, de Veracruz, está en la cárcel y enfrenta un proceso por desvío de recursos públicos y lavado de dinero. César Duarte, de Chihuahua, es señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como responsable de peculado.

Roberto Borge, ex mandatario de Quintana Roo, se halla en una prisión de Panamá, a la espera de ser extraditado a México para ser procesado por cargos de lavado de dinero y peculado. Están presos los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, en quien recaen acusaciones de lavado de dinero, y Tomás Yarrington, por vínculos con el crimen organizado, entre otros.

Durante el mandato de Peña Nieto, el priísmo perdió, frente al PAN (o alianza opositora) Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. Ante el PRD, Michoacán y Tabasco, y en Nuevo León no pudo retener la gubernatura, la cual ganó, por primera vez en el país, un candidato independiente.

En cuanto a la Ciudad de México, el PRI sigue en condición de minoría, a dos décadas de que se instauró el voto para la elección del jefe de Gobierno. En 2015 el tricolor redujo la cadena de derrotas al ganar tres de 16 delegaciones políticas del entonces Distrito Federal.

Sin candados

En mayo pasado, en plena campaña para las elecciones del 4 de junio, el presidente del tricolor, Enrique Ochoa se refirió a 2017 como un año fundamental para la causa de su partido. Su apuesta era el triunfo total en las tres gubernaturas en disputa: estado de México, Coahuila y Nayarit. Logró una apretada victoria en territorio mexiquense frente a Morena, de López Obrador; perdió Nayarit, y Coahuila debió resolverse en tribunales.

El siguiente reto para el PRI, luego de la contienda de junio, fue la celebración de su 22 asamblea nacional, donde se aprobaron reformas sustanciales a sus documentos básicos. El corazón del cambio fue abrir la puerta de la candidatura presidencial a un simpatizante.

El 10 de agosto, ya en las mesas temáticas de la asamblea, el mismo líder prometió de nuevo triunfos, aunque esta vez hizo referencia a la importancia de lograr alianzas con el propósito de obtener el tercio más grande en la contienda del primero de julio de 2018.

El año próximo, cuando estarán en juego más de 18 mil 500 puestos de elección popular, de nueva cuenta el PRI tendrá el reto de conservar las gubernaturas de Jalisco, Yucatán y Chiapas (esta última la ganó en 2012 en alianza con el Partido Verde), y ser competitivos en la Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz.

No obstante, el tema es la mencionada rentabilidad electoral. Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, dijo que de 2012 a 2017 la pérdida para el PRI fue de 4.7 millones de electores.

Lo cierto es que los priístas recientemente perdieron ganando en Guanajuato (gobernado por el PAN desde hace 26 años). En Morelos, Quintana Roo y Tabasco triunfaron perdiendo votos.

Ya en la sesión plenaria de la asamblea nacional, el 12 de agosto pasado, Ochoa delineó aspectos de la estrategia para remontar en las entidades donde han perdido.

Un eje medular es el combate a la corrupción y el fortalecimiento de diversas instancias partidistas a fin de prevenir que un priísta le falle a su partido, y para sancionar oportunamente a quienes traicionen nuestro ideario.

Para todos los abanderados del tricolor será obligatorio presentar, antes de su registro, su declaración patrimonial, de impuestos y de posible conflicto de intereses.

El PRI pondera, como estrategia electoral, la unión con otras fuerzas políticas, pero sobre todo la apertura a la sociedad para que los ciudadanos simpatizantes del partido puedan participar activamente a través de él. De esa forma, expresó en agosto pasado, sociedad y partido, juntos, son invencibles.