El derecho a laborar de los discapacitados en México es limitado por la escasez de oportunidades, que se manifiesta en que sólo cuatro de cada 10 mujeres y hombres con ese problema de salud participan en actividades económicas.

Diputados federales de distintos partidos reconocieron la discriminación imperante en los centros laborales públicos y privados hacia los discapacitados. Señalaron que éstos se enfrentan a juicios de valor sobre sus aptitudes y son relegados a tareas monótonas y denigrantes.

Una propuesta surgida en San Lázaro para atenuar el maltrato a los discapacitados en edad de laborar apunta a que toda empresa o ente del sector público se vea obligado a incluir en uno por ciento de su planta laboral a integrantes de este sector de la población.

La directora de Igualdad Laboral de la Secretaría del Trabajo, Alicia Trejo Patiño, expuso que existen diversos incentivos fiscales para que se contrate a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, mental y de lenguaje, siempre y cuando cumplan con las disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que les obliga a presentar un certificado de discapacidad.

El director del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Fidel Pérez de León, explicó que la estrategia Empodera-T ha conseguido crear oportunidades de inclusión y asegurar a más de 200 mil personas con discapacidad (que habitan en la capital del país) mejorar su modo de vida.

Y es que el número de discapacitados que habitan en la capital representan 42 por ciento del total de las personas en esa situación en el país.

Son mujeres 50 por ciento de ellas, y en la Ciudad de México 71 por ciento del total no participa en actividades económicas, 60 por ciento gana menos de dos salarios mínimos y 18.7, menos de uno. Mientras, 14 por ciento no recibe ingresos por el trabajo que desempeña.