asi un año atrás José Antonio Meade, entonces secretario de Hacienda y hoy virtual candidato tricolor al hueso mayor, anunció que a partir del primero de enero de 2017 el gobierno federal aplicaría un megagasolinazo, que implicaba aumento de hasta 24 por ciento en los precios de gasolinas y diésel. Y tras provocar la furia ciudadana, el otrora funcionario pidió a los consumidores no asustarse, porque, dijo, el brutal incremento no afectará la inflación.

Pues bien, a partir de la entrada en vigor de la draconiana medida gubernamental, aplicada por Meade, la inflación no ha dejado de crecer y en noviembre pasado –11 meses después del zarpazo– el índice nacional de precios al consumidor registró un avance anualizado de 6.63 por ciento (el doble que un año antes), y el componente que más influyó fue (¡sorpresa!) el aumento de los precios de los combustibles; es decir, algo que el hoy virtual candidato itamita de tres colores negó que sucedería.

Y mientras sube lo que el gobierno peñanietista aseguraba que bajaría, otro indicador fundamental registra el efecto contrario. De acuerdo con el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, una de las variables económicas más castigadas ante la depreciación del tipo de cambio, el incremento en el nivel de precios y los ajustes al alza en las tasas de interés, es la inversión.

En su más reciente análisis, del que se toman los siguientes pasajes, el CIEN detalla que en el sector público el gasto en infraestructura resulta ser el más afectado, ya que es donde se cuenta con un margen de maniobra superior, aunque su disminución es la que acarrea mayores consecuencias negativas en el largo plazo. En el sector privado, la volatilidad en las variables mencionadas genera incertidumbre en cuanto a la planeación de presupuestos tanto para la operación diaria como para los grandes proyectos de inversión, lo cual se ve reflejado en los indicadores de confianza empresarial.

Recientemente se dio a conocer que la reforma fiscal propuesta por el presidente Donald Trump fue aprobada por los senadores estadunidenses, de tal forma que con el previo consentimiento de la Cámara de Representantes, dicha reforma podría convertirse en ley antes de que finalice el presente año. Esta iniciativa propone, entre otras cosas, la reducción del impuesto sobre la renta (ISR) a 20 por ciento para las empresas con sede en Estados Unidos, situación que implica que nuestro país vecino busca incentivar la inversión en su propio territorio.

Lo anterior podría tener un impacto significativo en el nivel de inversión extranjera directa estadunidense hacia México, considerando únicamente el diferencial en torno a la tasa impositiva, ya que la reforma también señala ciertas penalizaciones para las empresas al no repatriar sus utilidades.

Para evitar pérdida de competitividad y atractivo internacional será necesario una revisión profunda de la política fiscal mexicana. Ya se ha mencionado la posibilidad de incrementar el impuesto al valor agregado (IVA) a medicinas y alimentos para buscar una posterior disminución del ISR y que la brecha en comparación con Estados unidos no sea tan amplia. Sin embargo, existen otras alternativas que se deberían considerar antes de modificar la carga fiscal.

En primer lugar se debe constituir una estrategia que permita el combate efectivo a la informalidad. Alrededor de 58 por ciento de la población ocupada en México se encuentra en el sector informal y la proporción no ha sufrido una reducción importante en los años recientes. De acuerdo con un estimado del Servicio de Administración Tributaria las arcas nacionales dejan de percibir 485 mil millones de pesos debido a la cantidad de plazas informales que no pagan impuestos, cifra equivalente a 83 por ciento de los recursos destinados al gasto de inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017.

Ubicar a más personas dentro de la economía formal incrementaría los recursos para el sector público, así como la factibilidad de ajustar el nivel del ISR sin tener que hacer modificaciones significativas en el IVA.

En segundo lugar, es necesario que el gasto gubernamental sea más efectivo y eficiente. Para ello se deben incrementar los mecanismos de control para el presupuesto de egresos y asegurar que los recursos realmente se emplean en los proyectos para los que fueron destinados y en caso contrario aplicar las medidas correctivas. Adicionalmente, el gasto corriente debe sufrir modificaciones para evitar la duplicidad de funciones y los desembolsos innecesarios de manera que se destine el dinero proveniente de dichos ahorros al gasto en infraestructura.

Es importante buscar incentivos para favorecer la inversión productiva nacional. Durante el tercer trimestre de 2015 la tasa de crecimiento de la inversión privada fue de 13.9 por ciento, mientras que para el segundo trimestre del año en curso apenas fue de uno por ciento. La tarea consiste en recuperar un clima de negocios adecuado que haga un contrapeso ante los eventos externos y con ello lograr que la confianza empresarial se mantenga en terreno positivo para que esto, a su vez, se traduzca en mayor inversión.

Para septiembre de 2017 la inversión fija bruta registró disminución de 2.6 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, medido con cifras originales. La caída reportada fue resultado de las variaciones negativas que sufrieron cada uno de los componentes de la inversión fija bruta. De esta forma, durante los primeros nueve meses del presente año dicho indicador acumuló una caída de 1.3 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.

La inversión en maquinaria y equipo retrocedió 3.3 por ciento, siendo la más significativa del periodo, ya que tanto la parte nacional (-0.4), como la importada (-5.3) se ubicaron en terreno negativo. También la inversión en construcción mostró cifras desfavorables (-2).

Detonar la inversión nacional será una de las tareas más importantes en los próximos meses para hacer frente a eventos externos que suponen un riesgo para la correcta evolución de la economía mexicana.

Las rebanadas del pastel

Alegraos, mexicanos impacientes, que ya lo anunció el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos: el salario mínimo diario será de 160 pesos… en 2030. Entonces, no desesperen, que sólo faltan 12 años y en cada uno de ellos les aumentarán ¡6 pesotes con 66 centavos! Felicidades.

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