a Comisión de Pastoral Social del Episcopado Católico Mexicano y los Comités de Justicia Nacional y Desarrollo Humano, y de Justicia y Paz Internacional, de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dieron a conocer un documento en el que, con mirada de pastores, no de técnicos, establecen una serie de criterios que, más allá de sus impactos económicos, deben ser tomados en cuenta en la evaluación de cualquier tratado comercial. Entre éstos señalan la no profundización de las pobrezas y las medidas de compensación para quienes resultaran afectados; las condiciones que impulsan a la gente a dejar sus tierras de origen; la protección dentro y fuera del propio país de los derechos de los trabajadores; la salud de las comunidades y el cuidado del medio ambiente; la salvaguardia del patrimonio de las comunidades indígenas originarias, y el trato justo en los acuerdos comerciales de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales; la necesidad de políticas compensatorias para promover los sistemas alimentarios de producción, distribución y consumo sociales en el sector agrícola de México, así como la protección a quienes viven en zonas rurales en Estados Unidos, y, por fin, la función social de los derechos de propiedad intelectual, en especial los relativos al acceso de los pobres a los medicamentos y alimentos, y el reconocimiento intelectual, económico y político de sus conocimientos comunitarios.

Ante la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), los obispos expresan de arranque y con sentido evangélico que, independientemente de si se llega o no a una renegociación exitosa, los tres gobiernos (México, Estados Unidos y Canadá) deben procurar decididamente una relación mutuamente respetuosa, justa y solidaria, especialmente para los más pobres de nuestros países. Y recuerdan que de conformidad con la enseñanza social del magisterio pontificio y episcopal católico, los criterios éticos tendrían que orientar las relaciones económicas internacionales. Vale decir, la persecución del bien común y el destino universal de los bienes de la tierra para uso de todas las personas; la equidad en las relaciones comerciales, y la atención a los derechos y necesidades de los más pobres en la cooperación internacional y en las políticas comerciales.

En congruencia con esto, los obispos consideran acertadamente que los acuerdos comerciales trascienden el ámbito económico, y que por ello deben ser evaluados en relación con los efectos que produzcan sobre los pueblos, las regiones y el medio ambiente en los países afectados. “La iglesia –asientan– cree que el comercio debe beneficiar en primer lugar a las personas, además de los mercados y las economías”. Y con lucidez aseveran que es crucial que todos estos acuerdos, complejos y multifacéticos, deben surgir de un sólido marco jurídico que proteja el bien común y a los más vulnerables.

Por ello insisten en que los tratados, como todas las políticas económicas y comerciales, deben ser diseñados y valorados desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, así como de las naciones y de los pueblos. De no ser así, y si no se adoptan políticas económicas y sociales compensatorias que mitiguen o contrarresten sus efectos negativos –advierten con razón–, se fomentarán, como ha sido el proceso hasta ahora, mayores desigualdades entre regiones y grupos, desplazamientos forzados, migraciones desordenadas, involuntarias e inseguras, y las diversas formas de violencia.

Por ello también insisten en que los acuerdos deben fortalecer el respeto de los derechos humanos, principalmente los laborales, pero también todos los sociales, culturales y ambientales, así como la seguridad humana de las comunidades a ambos lados de la frontera. Y frente a las negociaciones cupulares y opacas que como hemos visto se acostumbran en este tipo de acuerdos, los obispos defienden el derecho a participar en sus negociaciones y evaluaciones de desempeño posteriores; los derechos de los pobres; los de los pueblos originarios; los de los trabajadores; las comunidades y el cuidado de la creación, y ofrecen su disponibilidad para compartir sus perspectivas y asegurar que las políticas se basen en esos criterios. Al hablar del criterio de los pobres, los obispos expresan que no se puede volver a abandonar a los pobres; y con relación a la migración afirman que es un fenómeno multinacional y multidimensional, y que como tal debe tratarse.

Por lo que, entre otras cosas, ambos países tienen que atender las condiciones económicas de las familias pobres de México y de Estados Unidos, especialmente los pequeños productores agrícolas, los servicios de baja productividad, y el creciente desplazamiento impulsado por la inseguridad y el cambio. Y teniendo en cuenta la situación de los trabajadores en el modelo industrial maquilador prevaleciente en el país, es importante también subrayar lo que dicen acerca de que es fundamental prestar especial atención a condiciones de trabajo seguras, horas de trabajo razonables, tiempo libre, salarios familiares suficientes para la vida y otros beneficios sociales reconocidos, e impedir el trabajo infantil. Así como el enfoque crítico económico y político actual, que prioriza el cuidado del medio ambiente y la salud de las comunidades, cuando hablan del vínculo esencial entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo humano sostenible. Destaco igualmente su afirmación de que para la Iglesia los derechos de propiedad intelectual se ubican dentro del marco más amplio del bien común, y que estos derechos deben ser equilibrados con las necesidades de los pobres.