Con el objetivo de que los hablantes de las diez lenguas indígenas más usadas de México se apropien y conozcan el contenido total de la recomendación general 27, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2016, referente al derecho que estos pueblos tienen de ser consultados antes de que se emprendan megaproyectos, el organismo presentó la traducción del documento a todas esas lenguas originarias.

La recomendación ya se puede consultar en maya peninsular, huave del oeste, huichol del este, yaqui, zapoteco de la planicie costera, tzeltal de occidente, chol del sureste, otomí del Valle del Mezquital, náhuatl de la Sierra Negra del Norte y tzotzil del centro.

Al presentar el proyecto, María Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la CNDH, indicó que esto se hace en atención a los líneamientos internacionales. Agregó que los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo, sino que ellos tienen una visión distinta del mismo.

Lamentó que en pleno siglo XXI en el país aún se tenga una deuda con estas comunidades. Debemos ser respetuosos de su autonomía. Claro que tienen derecho al desarrollo, pero ellos deben determinar cómo quieren que éste se dé.

En el país hay 64 lenguas indígenas más sus variantes, por lo que la visitadora reconoció que aún faltan más de 50 traducciones de esta recomendación general, con el objetivo de que todos los hablantes en el país puedan conocerla a fondo.

La recomendación general 27, titulada Sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, tiene como objetivo proponer a las autoridades estatales y federales los cambios y modificaciones que procuren una mejor y más amplia protección de los derechos humanos para ese sector.

Cruz Villegas subrayó que este ejercicio debe ser libre, previo e informado, de buena fe y culturalmente adecuado, no basta con llevar a cabo una simulación de consulta con la finalidad de cumplir con un requisito de trámite.

El derecho a la consulta previa, libre e informada, destacó la CNDH, es una de las garantías fundamentales para este sector, incluida por la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 169. Al cumplirse, traerá consigo otros derechos como el desarrollo sustentable, el derecho a la propiedad, a la biodiversidad cultural, a la identidad y a la participación, entre otros.