Pobladores de Atenco, Texcoco y municipios de esa región del estado de México, aledaños a las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, denunciaron ante la Cámara de Diputados que la construcción no sólo ha derivado en la expropiación de sus tierras, sino también en la destrucción y saqueo de los cerros en los que se extrae tezontle, material que sirve como basamento.

Durante la reunión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la obra, representantes de esas comunidades entregaron un documento en el cual señalan el saqueo realizado por empresas subcontratadas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y que han causado un daño irreversible a los habitantes de Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tezoyuca, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Temaxcalapa, Otumba, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, Tecámac, Acolman y Axapusco.

La comisión exigió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) exhiba cuanto antes los permisos y estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto aeroportuario y exhortó al GACM no minimizar los daños que se ha ocasionado a la población.

El presidente de esa instancia legislativa, Rafael Hernández Soriano (PRD), consideró necesario que para ventilar este tipo de casos se constituya una mesa de trabajo permanente que incluya a los desarrolladores de la obra, ciudadanos afectados, autoridades, legisladores, especialistas y académicos, con objeto de atender y desahogar cualquier tema relacionado.

También criticó que el secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza no haya respondido a la solicitud de los diputados para realizar un recorrido conjunto por las comunidades que resultan afectadas por la intensa explotación de las minas de tezontle, e incluso por los vertidos de lodo contaminado extraídos de las excavaciones en el lugar de la obra, y constatar los daños al medio ambiente y al patrimonio arqueológico de la zona.

Consideró que en esa mesa de trabajo se podría revisar toda la documentación aportada para confirmar la legalidad de las expropiaciones y de la propia obra, así como atender las quejas de la población y también permitir a la comisión el cumplimiento de su objetivo de dar seguimiento al proyecto más costoso del actual gobierno federal.

Ante las críticas y quejas de las comunidades el responsable de medio ambiente del GACM, Alejandro Vilches, reconoció que ante diversas anomalías se tuvo que clausurar más de un centenar de minas de tezontle, pero negó que el lodo depositado fuera del polígono de construcción sea tóxico, incluso atribuyó a un ingrediente emocional las quejas de los afectados.

Esa postura generó críticas de los legisladores, que rechazaron el tono del funcionario federal. Hernández Soriano exigió respeto hacia los comuneros, en especial a quienes exigieron el fin de la expropiación de sus terrenos, además del daño al patrimonio histórico y económico.

El diputado exigió respeto hacia los comuneros, en especial a quienes exigieron el fin de la expropiación de sus terrenos, además del daño al patrimonio histórico y económico.