La ley de seguridad interior, en los términos que se plantea aprobar, institucionalizaría uno de los problemas más graves que ha llevado a México a una de las peores crisis de derechos humanos, enfatizó Amnistía Internacional (AI).

El organismo entregará este jueves un documento dirigido al presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la misma cámara, en el que, en cinco puntos, expone por qué esta ley vulneraría las garantías fundamentales de la ciudadanía.

En entrevista, Erika Guevara, directora de AI para las Américas, señaló que por una década, su organización ha documentado una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas en el marco de la actual estrategia de seguridad, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En 99 por ciento, en la impunidad. Hacemos un llamado a las autoridades para que pongan fin al papel de las fuerzas armadas en la realización de las funciones de seguridad pública, y que tampoco participen en detenciones, investigaciones o interrogatorios, donde se da la oportunidad a que cometan graves violaciones a derechos humanos.

En el documento que se entregará esta mañana se destaca que la minuta “contiene disposiciones que activan el uso de las fuerzas armadas una vez que el presidente expide una ‘declaración de protección de seguridad interna’. Sin embargo, también señala que esta acción no es necesaria cuando la situación que pueda considerarse requiera de dicha activación ha surgido en línea con la agenda nacional de riesgos, un documento secreto del que no se conoce los criterios, y que no está sujeto a controles o verificaciones”.

Por su parte, las agrupaciones que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra alertaron que otro de los riesgos de esta minuta es que contempla que toda la información generada por la aplicación de esta ley sea considerada de seguridad nacional, y por lo tanto será clasificada.