Elementos del Ejército mexicano catearon de manera ilegal a cuatro personas; detuvieron de forma arbitraria, desaparecieron de manera forzada, torturaron y agredieron sexualmente a tres de ellas, y ejecutaron extrajudicialmente a dos, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en enero de 2016.

Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, en la que acredita que los militares del tercer batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas vulneraron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal, a la libertad y a la vida.

De acuerdo con las investigaciones del organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, el 27 de enero de 2016 los militares ingresaron a un domicilio del municipio Tepatitlán de Morelos sin orden de cateo, retuvieron en forma ilegal a los jóvenes, los torturaron y agredieron sexualmente; luego se los llevaron detenidos y decomisaron el vehículo de uno de ellos.

Cuando el padre de una de las víctimas los buscó, soldados le comentaron que no se había dado ninguna captura. Dos días después, los cuerpos sin vida de dos de ellos aparecieron en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán, y el sobreviviente fue trasladado a un hospital regional.

La CNDH reitera que cualquier persona que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso para que sus actos sean sancionados dentro del marco de derecho y respetando en todo momento los derechos humanos consagrados en las normatividades nacional e internacional. Asimismo, señala que el combate a la delincuencia es totalmente compatible con el respeto a la dignidad de las personas, por lo que el personal de seguridad y las fuerzas armadas deben actuar en todo momento con profesionalismo.

El documento, firmado por el ombudsman y notificado al titular de la Sedena, puede ser consultado en la página de la CNDH. En éste, se solicita al general Cienfuegos Zepeda reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, proporcionándoles atención médica, sicológica y tanatológica.

También pide que los afectados sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas y que la Sedena colabore en las denuncias que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y ante el órgano interno de control de la propia secretaría para la investigación de los hechos; entre otros exhortos.