Puebla, Pue.

El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito concedió al poblado otomí de San Pablito, municipio de Pahuatlán, la suspensión de las obras del gasoducto Tuxpan-Tula, porque afecta el medio ambiente y, en general, la vida comunitaria, informaron integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

De este modo, ni la empresa TransCanada ni la constructora Bonatti podrán instalar las tuberías para llevar gas natural desde el sur de Texas hasta una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tula, Hidalgo, explicaron Salvador Aparicio, Lorenzo Vargas, Oliveria Montes y Rogelio Marroquín, miembros de la organización ciudadana.

Acompañados por el activista Gerardo Pérez Muñoz, la ecologista Zvezda Ninel Castillo y los abogados Raymundo Espinosa y Gerardo López Ramírez, los informantes señalaron que el tribunal también frenó la consulta que realizaba la Secretaría de Energía (Sener) entre la comunidad sobre la ejecución del proyecto.

En rueda de prensa en la ciudad de Puebla, los pobladores explicaron que el juicio de amparo continúa y a más tardar en enero se resolverá si obtienen la suspensión definitiva.

En junio pasado, pobladores de la comunidad El Coyolito, municipio de Francisco Z. Mena, detuvieron la construcción de la obra, que pasa por Veracruz, Puebla e Hidalgo y forma parte del Plan Quinquenal de Gas Natural 2015-2019 de la Sener. Los lugareños acusaron a la empresa italiana Bonatti SPA de afectar sus caminos y terrenos, así como de alterar su estilo de vida.

Integrantes del consejo que iniciaron el litigio informaron que el pasado 21 de noviembre se concedió la medida cautelar en favor de San Pablito Pahuatlán, al resolverse la queja que interpusieron contra la resolución del juez tercero de distrito, quien había negado a la comunidad la suspensión provisional del gasoducto.

Los pueblos originarios de la Sierra Norte del estado ya no estamos dispuestos a seguir siendo los condenados de la Tierra ni a seguir siendo objetos de estudio de seudocientíficos y mucho menos piezas de museo, reclamaron.

Exigieron respeto a su derecho a la autodeterminación, al territorio, a las riquezas naturales y culturales, a sus sitios sagrados y a sus usos y costumbres.

Expusieron que los pueblos otomí, nahua y totonaco han habitado desde hace siglos los territorios de Tenango de Doria, Honey, Pahuatlán de Valle y Tlacuilotepec, en Hidalgo y Puebla. Sin embargo, las sierras Otomí-Tepehua y Norte han padecido históricamente despojo, miseria y marginación social.

Dijeron que a esto se han sumado en años recientes la escasez de agua, la deforestación, derrumbes, deslaves e incendios, además de la precariedad de vías de comunicación y medios de transporte, así como el desempleo, los rezagos educativo, de vivienda y salud, además de la migración.

En 2016, se enteraron de que la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de TransCanada, ganó la licitación del gasoducto Tuxpan-Tula, y decidieron organizar comités locales que realizaron asambleas informativas y crear el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

Las comunidades organizadas promovieron denuncias ante los tribunales federales de Pachuca y Cholula en septiembre pasado y ya obtuvieron su primera victoria legal.