La Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México aprobada por la Asamblea Legislativa (ALDF) es inconstitucional, toda vez que viola derechos humanos y el sistema de planeación del desarrollo, así como la participación ciudadana establecidos en la Carta Magna local, denunció el Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución Política de la capital del país.

En un análisis de la norma realizado por el organismo, que forman ex diputados constituyentes y organizaciones civiles, se señala que se limita la participación de la ciudadanía al fomento de una cultura del agua, además de que no se consultó a los pueblos originarios sobre el tema.

Acusa también que otorga un poder desmedido y sin contrapesos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), al otorgarle atribuciones como determinar tarifas, así como la factibilidad de dotación del líquido para consumo humano, industrial y de servicios; al igual que dictaminar los proyectos relacionados con el agua.

Además, agrega, la ley prevé la restricción del servicio de agua potable, dejando en el aire la obligación del gobierno para cumplir con la dotación mínima del líquido que establece la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, el documento establece que no considera la existencia del Cabildo de la Ciudad de México –plasmado en el texto constitucional local–, encargado de “establecer la política hídrica de la Ciudad de México.

Agrega que si bien la ley establece el derecho humano al agua, no se estipulan los mecanismos para garantizar el ejercicio de ese derecho, y en cambio se confieren facultades al Sacmex para restringir el suministro de agua a usuarios del servicio doméstico.

El observatorio, formado por ex constituyentes, cuestionó que la ALDF no respetó cabalmente los principios y lineamientos previstos en la Constitución capitalina, además de que se atribuyó la regulación de un tema que corresponde normar al Congreso de la capital.

El 24 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México en una sesión que se realizó a puertas cerradas, ante las protestas de organizaciones de defensa del agua, con la participación de Morena bajo protesta, al considerar ilegítima la presidencia de la mesa directiva y por tratarse de un dictamen viciado de origen.

Hasta ayer la norma no había sido publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De hecho, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, tiene 10 días hábiles para hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe.

Según el procedimiento anunciado por el Observatorio Ciudadano el pasado jueves, enviarían sus observaciones al titular del Ejecutivo local para que realice las observaciones pertinentes, y de ser necesario, acompañarán las acciones de inconstitucionalidad que se puedan presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.