Los postulados previstos en la Convención de los Derechos del Niño son los grandes ausentes en el diseño y aplicación del Nuevo Modelo Educativo del gobierno federal, pues no se rompe el patrón asistencialista que se ha preservado desde que los niños resultaron ser visibles para los estados nacionales, señalaron expertos en materia educativa y de defensa de los derechos humanos de la infancia.

Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), y Claudia Flores Moreno, del University College Institute of Education, señalaron que no hay una sola referencia en todo el texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cómo las propias niñas y niños toman decisiones en el sistema escolar; es decir, sus puntos de vista son grandes ausentes en un modelo que se publicita como horizontal.

En una revisión minuciosa de dicho modelo, ambos especialistas critican que en la toma de decisiones se apunte hacia los liderazgos evidentes. Por ejemplo, el personal directivo aún es el actor principal en la aplicación de una supuesta comunidad con autonomía de gestión.

Es muy evidente que no hay ninguna participación de instancias de representación de niñas, niños y adolescentes, señaló Claudia Flores, pedagoga y activista por la defensa de los derechos de la infancia.

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) parte de cuatro principios fundamentales: la no discriminación, prioridad del interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño. Estos últimos puntos son inexistentes dentro del nuevo modelo educativo.

En entrevistas y en sus respectivos ensayos publicados por el IISUE, los expertos critican que el modelo describa aulas que no corresponden con la realidad que vive el país. Por ejemplo, no hay un reconocimiento a la grave crisis de violaciones a los derechos humanos, tal y como lo han señalado diversos organismos del país y otros a escala internacional.

Tampoco hay citas sobre las condiciones de violencia generalizada que se vive actualmente en México, que ponen en tela de duda si es posible ejercer el derecho a la educación cuando está en riesgo el derecho a la vida.

No atender al ejercicio del derecho a la educación, implementando medidas para cumplir el derecho a la protección, muestra en la práctica el desprecio por el cumplimiento del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (principio de la CDN) de niñas, niños y adolescentes, señaló.

Por su parte, Hugo Casanova, del IISUE de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que en el terreno cuantitativo, donde se presume la cobertura de 95 y 88 por ciento en primaria y secundaria, respectivamente, también hay grandes tareas pendiente de gran preocupación, como la deficiente cobertura en otros niveles educativos: 71 por ciento a nivel prescolar, 51 en educación media superior y 34 por ciento en educación superior. Además, hay 5 millones de personas analfabetas y 32 millones más en condiciones de rezago educativo, añadió el investigador universitario.