En promedio, 60 por ciento de los jóvenes mexicanos reincidentes no recibieron ningún tratamiento de especialistas, señaló Elizabeth Warfield, directora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) de la embajada de Estados Unidos en el país. Por eso, dijo, es importante el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil, los cuales enfocan sus esfuerzos en la reconstrucción del tejido social.

Fue el caso de María, expresó, una joven que a los 13 años estaba inmersa en el delito, la violencia, con una familia desintegrada y una severa adicción a las drogas. Todo esto llevó a María al Centro de Internamiento Juvenil. Terminando su sentencia ingresó a un programa de prevención terciaria. Aprendió a cambiar los pensamiento que la llevaban a realizar acciones violentas y autodestructivas. Este programa significó para ella el apoyo y crecimiento que le permitió cambiar su vida hacia un camino positivo.

Agregó que dichos programas de prevención terciaria reemplazan modelos antiguos de exclusión y desperdicio de jóvenes. Busca su reintegración positiva con enfoque integral en la salud mental, educación y empleo, habilidades para la vida, justicia restaurativa y al arte, cultura y deporte.

Como parte de la Iniciativa Mérida, Elizabeth Warfield añadió que Usaid apoya a México en la reforma en el nuevo sistema de justicia penal, en la prevención del delito y la violencia en la protección de los derechos humanos y la transparencia e integridad.

Durante las mesas del Foro Internacional de Delincuencia Juvenil, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Corina Giacomello, investigadora en temas relacionados con género, sistema penitenciario, crimen organizado trasnacional y criminalidad femenina, abordó el tema del encarcelamiento creciente de mujeres por tráfico de drogas, problema que asoció, debido a que el narcotráfico les ofrece opciones que el Estado no brinda.

Luego de narrar algunos casos de jóvenes encarceladas por delitos contra la salud en el país, manifestó que algo que hace característico a las mujeres privadas de su libertad es justo la persistencia de violencia de género en sus vidas. Quienes llegan a ofrecer oportunidades de desarrollo son las organizaciones criminales, y esos son quienes brindan opciones de trabajo a niños, ancianos y hombres. El Estado llega con una función únicamente represora.

También se refirió a las deficiencias en centros de reclusión donde se encuentran las internas, quien agregó, la mayoría de los espacios destinados a las mujeres no cuenta con instalaciones adecuadas. Quienes han sufrido violencia (previo a ser encarceladas) en ningún momento ha sido atendidas. Parece que un requisito indispensable para terminar en prisión es haber sido víctima de violación o abuso sexual y para eso nunca hubo un Estado, familia, nadie que interviniera para hacer frente a ese abuso que a menudo desemboca en el uso de sustancias como forma para poder resistir para hacer frente a esa situación de violencia. Si volteamos a ver a quienes están privados de la libertad, adultos incluso, lo que podemos encontrar son historias de muchas infancias en las que el Estado ha sido ausente reiteró.