e nueva cuenta, el amigo y socio ha puesto a parir al gobierno mexicano, en esta ocasión por la vía fiscal. Así, el salvaje de la Casa Blanca pretende cerrar la pinza –o si prefiere depositar la corona de flores sobre el ataúd del Tratado de Libre Comercio de América del Norte– para convencer a los empresarios estadunidenses sobre la conveniencia de invertir en su propio país y dejar atrás sus aventuras en naciones bananeras.

La Jornada lo resumió así: “El Senado de Estados Unidos aprobó su proyecto de reforma fiscal que reduce el impuesto a las empresas de 35 a 20 por ciento, una tasa menor que la que se paga en otros países… El gobierno del presidente Donald Trump presentó esta reforma fiscal como la mayor reducción de impuestos de la historia para impulsar el crecimiento, aumentar los salarios, los beneficios de las empresas y las ganancias de las trasnacionales, que serán invitadas a repatriar sus beneficios a Estados Unidos con una tasa preferencial.

“El recorte de impuestos asciende a cerca de 1.5 billones de dólares en un plazo de dos años, con las empresas como principales beneficiadas. Baja el impuesto de sociedades (el equivalente en México al impuesto sobre la renta, ISR) de 35 a 20 por ciento –por debajo de las tasas aplicadas en países como Francia o Japón– y duplica el mínimo exento de 12 mil a 24 mil dólares en parejas, entre otras medidas.

“El texto de 479 páginas, elaborado a puerta cerrada por los republicanos y con cambios hasta el último momento, que incluyeron anotaciones a mano, fue aprobado por estrecho margen –51 votos en favor y 49 en contra– y debe ser compaginado con el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes el 16 de noviembre y votado de nuevo. Trump celebró la aprobación en el Senado y confió en firmar la mayor reforma fiscal en tres décadas antes de Navidad”.

En síntesis, el impuesto nominal a las ganancias empresariales en Estados Unidos se reducirá prácticamente a la mitad con respecto a la carga fiscal aplicable en México, de tal suerte que no es descabellado suponer que no pocas empresas estadunidenses que operan en nuestro país –junto con sus inversiones– retornarán al suyo para aceptar el bombón que les regala Trump.

Y el gobierno peñanietista queda atorado en su propia trampa, pues desde la aprobación de la reforma fiscal en México (aquella que supuestamente obligaría a pagar más a quienes ganan más) tanto Enrique Peña Nieto como el destapador (Luis Videgaray) y el destapado (José Antonio Meade, es decir, los que ahora pugnan por la continuidad y por acabar con la idea de que el país se tiene que reinventar cada seis años; por el contrario, “vamos a consolidar, ampliar y profundizar los cambios emprendidos en este sexenio) prometieron no modificar ninguno de los impuestos (para arriba o abajo) existentes ni crear nuevos, y pensamos mantener la misma dinámica y la misma mecánica que hemos seguido hasta ahora, al tiempo que ofrecieron no endeudar más al país.

Lo anterior viene a cuento porque ante la sustancial reducción de la carga tributaria en el vecino del norte los expertos advierten que México no tiene margen fiscal para enfrentar los efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos y bajar, como fue aprobado en aquel país, la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) del nivel actual de 30 a 20 por ciento, pues ello representaría perder alrededor de 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recaudación e incrementaría la deuda en la misma proporción, sostuvo el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada Pascal.

De igual forma, si se redujeran los ingresos del gobierno por impuestos ten-dríamos un déficit, eso quiere decir más deuda y ya no la podemos tener; estamos en el límite, de hecho ya rebasamos el límite, estar por arriba de 50 por ciento como proporción del PIB no es algo que México pueda soportar (La Jornada, Juan Carlos Miranda).

La misma información publicada por nuestro diario advierte que “una forma de hacer frente a la baja de impuestos en Estados Unidos sería reducir el impuesto sobre la renta corporativo en México, aunque ahora no hay condiciones para ello, consideró el Grupo Financiero Banorte. No obstante, esta reforma podría ser una vía para implementar el impuesto al valor agregado (IVA) a medicinas y alimentos, aumentar la base de contribuyentes y eventualmente reducir la tasa de ISR a empresas con el fin de impulsar la inversión… Con la reforma aprobada por el Senado estadunidense, si el impuesto baja a 20 por ciento en aquel país la empresa estadunidense seguiría pagando en México 30 por ciento, pero sólo podría acreditar en su nación la tasa de 20 por ciento, con lo que habría un mayor incentivo para llevar la compañía a territorio estadunidense”.

Entonces, ¿será que en pleno año electoral –con escasas posibilidades de que José Antonio Meade se convierta en el próximo inquilino de Los Pinos y con los índices de aceptación por el suelo– el gobierno peñanietista se aviente el trompo de aumentar la tasa del IVA o hacerla extensiva a medicinas y alimentos? De entrada incumpliría su propia promesa de no modificar ni un milímetro la estructura fiscal tras la reforma de 2014 (lo que sería lo de menos, porque esa ha sido la norma y no la excepción) y desbocaría la furia popular, que sin duda alguna se manifestaría en las urnas.

Recuérdese que cuando presentó en sociedad su reforma fiscal (septiembre de 2013), el propio Enrique Peña Nieto aseguró que su propuesta es socialmente justa, y económicamente responsable mi decisión de mantener sin IVA alimentos y medicinas. Es altamente progresiva, porque pagarán más los que más ganen, y elimina injustificables privilegios fiscales. Se establece un sistema hacendario más justo, simple y transparente, que contribuirá a reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos.

Eso y más, pero el inquilino de Los Pinos nunca consideró el elevado nivel de incumplimiento de sus propias promesas y mucho menos la amigable llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las rebanadas del pastel

Si quiere llegar a alguna parte –como precandidato, candidato o lo que sea–, la primera urgencia de José Antonio Meade es contratar a un maestro de oratoria y contenido, porque hasta ahora sus discursos –por llamarles así– han tenido un riguroso efecto de Nembutal. Ni el rugir de las matracas despierta a los acarreados.

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