En México se han dado algunos avances legislativos e institucionales en materia de derechos de las personas con discapacidad, pero la falta de recursos económicos, de voluntad política y de conciencia social han hecho que estas garantías todavía no se cumplan cabalmente, señalaron representantes de diversas organizaciones civiles.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, las asociaciones reflexionaron sobre lo que se ha avanzado en el país en la materia, pero también sobre los múltiples rezagos que aún existen.

Ernesto Rosas Barrientos, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), consideró que en los recientes cinco años ha habido avances significativos en temas legales, de salud, asistencia social, accesibilidad e inclusión laboral, particularmente en la capital del país.

No estamos en el total abandono, pero lo que falta es lo que sigue después de tener leyes u ordenamientos para convertirlos en políticas públicas, porque a veces nos encontramos con insuficientes recursos presupuestales, lamentó el activista.

Una prueba de ello, señaló, es que en el año reciente se destinaron únicamente mil 500 millones de pesos a escala federal a diversos programas relacionados con la discapacidad, cuando al menos debería contarse con el doble de esa cantidad, para una población que, según datos oficiales, es de al menos 5.7 millones de personas.

Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, coincidió en que ha habido ciertos avances en el país en este terreno –como algunos convenios de inclusión laboral y concienciación de servidores públicos–, pero han sido pocos y tardíos para la magnitud de los pendientes que aún deben resolverse.

Uno de los rezagos que preocupa más al activista, además de la falta de presupuesto para llevar a la realidad las políticas y reformas legislativas, es la posibilidad de que en el Censo de Población y Vivienda 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía elimine de su cuestionario básico las preguntas relacionadas con discapacidad.

Ese es un riesgo, porque si de por sí no tenemos estadísticas suficientes, así tendremos aun menos información sobre el tema, lo cual es particularmente grave de cara al reporte que debe entregar México en enero de 2018 al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, para informarle sobre su nivel de avance en la materia.

Para Federico Fleischmann, presidente honorario y fundador de la asociación civil Libre Acceso, los obstáculos para integrar a este sector poblacional no sólo tienen que ver con la falta de presupuestos gubernamentales, sino también con la poca claridad que hay sobre el tema entre la población en general.

Nosotros mismos (las personas con discapacidad) no nos hemos expresado lo suficiente para exigir al gobierno y la sociedad el derecho a la inclusión. Pero también hay que pensar si los padres de familia, por ejemplo, están listos para que su hija les presente a su novio en silla de ruedas o ciego, cuestionó.

Por parte de la sociedad es indiferencia, pero el gobierno no puede obviar su responsabilidad de atender a la población con discapacidad. Seguro me argumentarían que es por falta de recursos, pero yo creo que es más por la voluntad política errónea y malsana de satisfacer a la masa y no atender a las minorías en condiciones de vulnerabilidad, lamentó.