Siendo una situación larvada y fomentada por años, desde octubre pasado, cuando se agudizó hasta lo alarmante un añejo conflicto de límites entre los municipios tsotsiles de Chenalhó y Chalchihuitán, saltan a la vista omisiones y fallas de las autoridades gubernamentales, intereses partidarios, vicios en los acuerdos irregulares y la distribución discrecional de recursos que de pronto salieron de control. Ante ello, el investigador Arturo Lomelí considera que en Chiapas hay una preocupante ingobernabilidad.

A unos días del vigésimo aniversario de la masacre de Acteal, la misma región de los Altos podría estar al borde de un desenlace trágico. Grupos paramiltares, identificados, pero negados oficialmente, han pasado a ocupar el centro de un conflicto que en su origen es agrario. Lomelí, especialista en la cultura y la historia de los pueblos indígenas de Chiapas, aventura que el banderazo para la activación de los paramilitares, quienes han desplazado a miles de indígenas en las semanas recientes, pareció ser la rumbosa visita del gobernador Manuel Velasco Coello y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, el pasado 13 de octubre a Majumpepentic, paraje de Chenalhó en los límites de Chalchuihuitán. Repartieron abrazos, herramientas, tinacos Rotoplás, vistiendo a la usanza local, con bastones de mando y todo.

Quién sabe si fue deliberado o no, apunta, pero cinco días después, el 18, fue asesinado un campesino de apellido Pérez Luna, de Chalchuihuitán, durante uno de los violentos desalojos de parajes por los grupos armados de Chenalhó, que han ocurrido desde octubre. El intrincado territorio limítrofe entre ambos municipios siempre fue una bomba de tiempo. Hoy, lo agrario quedó rebasado, aunque llama la atención que la violencia se desate en vísperas de una resolución del Tribunal Agrario en tercera instancia que probablemente favorecerá a Chalchihuitán.

Y de pronto se desata el terror. La tentación del déjà vu es incompleta, pero real. El ingrediente de contrainsurgencia, clave para los sucesos de Chenalhó en 1996 y 1997 que culminaron en la masacre de Acteal, parece no existir ahora. Agresores y afectados son en su gran mayoría oficialistas identificados con el Partido Revolucionario Institucional, o con el Verde Ecologista de México. Además, se supone que se han realizado negociaciones con participación de funcionarios, académicos, abogados y representantes de las comunidades.

Se habla de entre 5 y 8 mil desplazados. 80 por ciento de Chalchihuitán, quienes serían los agredidos. Recordemos que por un conflicto postelectoral interno de Chenalhó entre facciones del PVEM, y otras del PRI, hay más de mil desplazados, muchos de ellos en San Cristóbal de Las Casas; no tienen que ver con el problema de Chalchihuitán, pero la violencia que los expulsa es la misma. Los civiles armados son animados o tolerados por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, del PVEM, con su cargo en disputa.

Los accesos a Chalchihuitán, de suyo recóndito y de población dispersa, están bloqueados por los paramilitares, reporta Lomelí: No permiten que se aproxime nadie. Han desistido el Ejército, la Procuraduría General de la República, la policía estatal y los ministerios públicos porque los reciben a balazos. Nada más establecieron una base de operaciones mixtas en Las Limas, comunidad-mojonera de Chenalhó, fundada años atrás para avanzar sobre el territorio en disputa, y que fue sede de las fallidas negociaciones de 1997 antes de Acteal.

El investigador coincide con el Centro Frayba en señalar que los grupos armados nunca desaparecieron después de la masacre. No les decomisaron las armas, que ahora deben ser más; no se procesó a todos los responsables y además ya están libres los que estuvieron presos. En Chiapas nunca se ha encarcelado a nadie por ser paramilitar, los que caen siempre es por otra cosa, remata.

La entidad está llena de focos rojos, conflictos que no se resuelven en Oxchuc, Comalapa, Chicomuselo, Venustiano Carranza. En los hechos hay ingobernabilidad y las autoridades estatales no actúan. Lo que pasa es responsabilidad del Estado, desde el nivel federal al municipal. Con la experiencia que ya se tiene en Chiapas en esta clase de conflictivas, ¿cómo es posible que no sepan cómo actuar, sigan dando largas, repartiendo indemnizaciones y programas sin voluntad de resolver el problema definitivamente.

Ante la violencia, una cosa le queda clara al entrevistado, la posible indemnización que recibiría Chenalhó si las tierras se le reconocen a Chalchihuitán sube de precio. Los miles de mujeres, niños y hombres expulsados de sus parajes y casas, que pasan penalidades (se habla de más muertos por las condiciones precarias en que se encuentran los desplazados) parecen piezas de un juego perverso u omiso de funcionarios y caciques locales.

Es cruel ver que, a pesar de la experiencia que significó la masacre de Acteal, justo 20 años después se repitan exactamente las mismas escenas, las mismas inacciones institucionales, las mismas advertencias de observadores, el mismo dolor de centenares de familias que podrían perderlo todo.