esde los 90, cuando el gobierno federal decide incidir en la trayectoria de las universidades, se topa con el ‘inconveniente’ de la autonomía y, para superarlo, decide que puede lograr que estas instituciones realicen las políticas que el gobierno tiene planeadas si deja de dar recursos ordinarios –los cuales son usados con el arbitrio de las universidades– y les da recursos por ‘vías extraordinarias’ que se suministran por programas específicos y son etiquetados, es decir, condicionados a ser usados como el gobierno ha decidido previamente.

Es la manera que encontró de controlar la vida interna de las instituciones de educación superior y plegarlas a políticas estandarizadas. El subsidio se opera en convenios de reconocimiento de plantilla. Y esto se ve en los números: en 1995 reconocía 776 tiempos completos y 21 años después, en 2016, se tienen mil 107.

En el caso de los medios tiempos, hace 21 años se recono-cían 270 plazas y en 2016 se reconocen… ¡270! Ni una plaza más de medio tiempo en 21 años! Y las horas-clase están en la misma circunstancia, congeladas en 14 mil 400 horas-semana-mes.

Por el contrario, la matrícula escolar, en esos mismos años, pasó de 14 mil a 37 mil alumnos (264 por ciento más). Y ese crecimiento de alumnos corresponde al aumento de programas académicos, que pasaron de 33 a 76, sobre todo postgrados. Mucho de ese crecimiento, en especial en la construcción de planta física, fue posible por los recursos extraordinarios.

Lo grave es que desde el presupuesto federal del año pasado, obra y gracia del dúo Videgaray-Meade, fueron borrados o dejados en cero, tres de los cinco grandes programas de recursos extraordinarios para las universidades públicas estatales.

Ahora que estamos acercándonos a un año definitivo para marcar el rumbo de la historia política reciente, será muy interesante ver la reacción electoral de los profesores, alumnos y sindicatos. Los universitarios deberán tomar decisiones.