onforme se enfría la atmósfera de la capital empieza a calentarse la política. Sin duda lo más interesante de esta semana es la entrada aparatosa del Estado en el proceso electoral. Aunque el Revolucionario Institucional (PRI) es un partido enteramente real, no es, en esta ocasión, el PRI, sino la estructura estatal la que entra a competir. Meade renunció a la Secretaría de Hacienda y se registra como precandidato del tricolor a la Presidencia. Se cumplió una candidatura anunciada. Los medios controlados por la Secretaría de Gobernación le dieron al acontecimiento la cobertura de un importante acto de Estado. Una falta de equidad rotunda frente a las demás opciones políticas que van a competir. Hasta hoy no hay un solo hecho que nos indique la voluntad del Presidente de garantizar elecciones limpias y justas. Es cierto que el vocero presidencial anunció que la conducta de Enrique Peña será ejemplar, pero esto lo han dicho, en una u otra forma, todos los representantes del gobierno en cada elección, aunque al final de cuentas terminen en fraudes colosales.

También es interesante la disolución paulatina del Frente Ciudadano por México; no han encontrado el método para repartirse las candidaturas ni para designar al candidato presidencial. Insisten en que están a punto de lograrlo, pero los síntomas del acuerdo no aparecen y el tiempo se agota (fecha límite, 14 de diciembre). Si fracasa la alianza, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) jugarán cada quien por su parte y es de esperarse que recuperen el odio feroz que se tienen entre sí. Pero ambos partidos serán controlados y servirán a la causa del Estado.

Los avances de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (15 puntos arriba de su más cercano perseguidor) de ninguna manera son definitivos, porque el Estado tiene formas de instrumentar un fraude; el retador tendrá que afrontar todos los mecanismos. Recuerden ustedes que los fraudes electorales no se realizan el día de la jornada, ahí culminan. Son hechos concatenados que conducen a anular la efectividad del sufragio y que incluyen la complicidad de los grupos de interés, de los partidos controlados, directa o indirectamente, por la Presidencia, y de las instituciones admirativas y judiciales, en el campo electoral, cada vez más desprestigiadas.

Morena tendrá que organizarse. Aunque López Obrador tiene gran capacidad para esa tarea (hay que recordar cómo levantó a la oposición de izquierda en Tabasco; como subió el nivel operativo del PRD nacional, cuando fue su presidente, o su desempeño en el gobierno capitalino). Hoy tienen la difícil tarea de impulsar la organización de su nuevo partido para defender y promover el voto.

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