La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados recibió el respaldo inesperado del PAN. La nueva norma fue avalada por mayoría simple de 248 legisladores, 115 en contra y 48 abstenciones. La presión que de última hora ejercieron los gobernadores panistas sobre sus legisladores inclinó el voto de ese partido en favor del ordenamiento que garantiza la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir la inseguridad.

En una sola jornada se finiquitó el trámite legislativo. Por la mañana, la Comisión de Gobernación, encabezada por Paloma Guillén Vicente (PRI), condujo la sesión aprobatoria del dictamen con el respaldo de la aplanadora integrada por PRI y aliados: PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, y se prefiguró la división en el PAN cuando la diputada albiazul Claudia Sánchez, del estado de México, respaldó el texto.

Desde entonces, los reclamos de los diputados de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) no afectaron la línea trazada, se desecharon y quedaron plasmados en un catálogo de anécdotas legislativas: el dictamen que regula la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir a la delincuencia organizada debería aprobarse sin cambios.

De la comisión al pleno

Nada frenó el procedimiento. Ni un grupo de ciudadanos que acudió a la oficina de la Comisión de Gobernación reclamando la decisión de sacar avante el dictamen: ¡Golpistas, golpistas, golpistas¡, gritaban. El reducido espacio de ese sitio y la imposibilidad de que la sesión se transmitiera por el Canal del Congreso (según la presidenta del grupo, no hay conexiones para enlazarse a la televisora) propició que Guillén Vicente optara por cambiar la sede del encuentro al Salón de Protocolo.

En ese lugar, al que no se permitió el ingreso a los reporteros, por falta de espacio, se concretó la aprobación del dictamen y de inmediato se envió a la mesa directiva con la finalidad de que entrara en la lista de la orden del día de la sesión.

Tampoco ahí hubo objeción y se le dispensó la primera lectura. Incluso, el dictamen fue inscrito como primer tema a discusión.

Paloma Guillén argumentó –tras prolongado debate en el que participaron partidos y sociedad civil– que elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad. Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías.

En respuesta, las bancadas de Morena, PRD y MC presentaron tres mociones suspensivas al dictamen. En sus exposiciones, aclararon que no se debía confundir su posición con el rechazo a las fuerzas armadas.

Se pretende denostar el papel de las fuerzas armadas imponiéndoles obligaciones que no les corresponden, insistieron.

Devino entonces caudal de argumentos políticos y legales contra el dictamen de la ley. La oposición no reparó en la tarea de impedir la aprobación del texto.

Morena desplegó grandes pancartas en contra: ¡La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, y no del uso de la fuerza! Los diputados vistieron playeras con la leyenda “¡La guerra no hace la paz! –parafraseando a lo expresado por Clara Rojas, en La Habana, durante las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno, que estableció el eslogan de ¡Hacer la paz es más fácil que hacer la guerra!–, pero las protestas no lograron que la ley naufragara.

Incluso los defensores del dictamen provocaron a los detractores. En tribuna, el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) se burló de los argumentos de la oposición: Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Denle. Denle, no pasa nada. La realidad es que siempre votan en contra absolutamente todas las iniciativas, se justificó.

En su turno, Martha Tamayo respondió en nombre del PRI: Por supuesto que votaremos en favor de la iniciativa, porque a despecho de algunos compañeros que han venido aquí, que tiran la piedra y esconden la mano, nosotros sí respetamos y reconocemos el trabajo de las fuerzas federales y del Ejército, porque han dado muestras de sobra de su entrega en favor de México, y el PRI está de su lado.

Fue en la votación en lo general cuando se manifestó la presión de los gobernadores panistas de Baja California, Durango, Veracruz, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, quienes horas antes doblegaron a sus diputados, incluido el coordinador de la bancada, Marko Cortés, quien se abstuvo, dando holgura a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Al entrar la noche, sin que se permitiera cambio alguno al texto aprobado en la Comisión de Gobernación, se dio respuesta desde el PRI a la demanda del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien desde hace más de un año demandó que se avalara en la ley la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.