Por decisión personal del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (ALDF), el perredista Mauricio Toledo, se rompió ayer el protocolo que cada año se venía realizando para que el titular de la Secretaría de Finanzas, Édgar Abraham Amador Zamora, acudiera en representación del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a entregar el paquete económico del próximo año.

Al vencer ayer el plazo que fija la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para que el titular del Ejecutivo local envíe las iniciativas, cerca de la medianoche, el secretario técnico de la Comisión de Gobierno, Luis Sánchez Caballero, recibió los documentos de manos del coordinador de asesores de la Secretaría de Finanzas, Omar Mejía Castelazo, luego de que en el transcurso del día Toledo amagó a Amador Zamora con no recibir el documento, al aducir que no hubo comunicación con Mancera.

No recibiremos el paquete presupuestal hasta que haya una comunicación franca con el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa, advirtió el perredista, tras acusar al funcionario de decidir de forma anárquica y discrecional la disposición de los recursos.

La ley señala que la Secretaría de Finanzas podrá solicitar a las unidades ejecutoras de gasto toda la información que considere necesaria para la elaboración del presupuesto, respetando la autonomía presupuestaria y de gestión de los órganos de gobierno autónomos, como es el caso de la ALDF, pero no establece la obligación de someter a consultas con los legisladores su integración, sino sólo el plazo en que el Ejecutivo debe presentarlo a la Asamblea para su análisis y aprobación, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, así como la fecha límite del Legislativo para que lo apruebe, el 20 de diciembre.

El año pasado el presupuesto solicitado por el gobierno de la ciudad fue de 191 mil 177 millones 664 mil 967 pesos y la ALDF aprobó 198 mil 965 millones 977 mil 58 pesos.

La bancada del PRD anticipó que a fin de generar recursos suficientes para el Fondo de Reconstrucción, previsto en la ley del programa correspondiente, podrían suprimirse algunas entidades ejecutoras de gasto, como la Escuela de Administración Pública y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, transfiriendo sus funciones a otras dependencias. Defendió en cambio el incremento de más de 20 por ciento que se propuso para la misma ALDF el próximo año, al aducir que tendrá a su cargo la ejecución de acciones relacionadas con la reconstrucción.

Adelantó que promoverá que un porcentaje de los ingresos por predial se destinen a contratar un seguro para las viviendas de los contribuyentes que paguen oportunamente el impuesto.