Trabajadores, inconformes por llegada de más personal y equipo a áreas siniestradas
Lunes 27 de noviembre de 2017, p. 15
Dos meses después del sismo del 19 de septiembre aún no se han publicado de manera oficial los documentos con los dictámenes estructurales del edificio central de la Procuraduría General de la República (PGR) y otros inmuebles gravemente afectados.
En semanas recientes, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, así como actual encargado de despacho de la dependencia, ha realizado labores desde la que fue la biblioteca Emilio Portes Gil, en la colonia Guerrero, y en instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal.
Las oficinas principales de la PGR que se localizan en Reforma 211-213, por ejemplo, se ven desocupadas. Permanecen acordonadas con la leyenda no pasar
en cinta amarilla y son resguardadas por elementos de seguridad institucional y de la policía bancaria e industrial.
Después del terremoto, el mobiliario y documentos de las oficinas perjudicadas fueron traslados a otros espacios, entre ellos el de comunicación social, donde algunos trabajadores consultados se dijeron inconformes por la llegada de más personal y enseres, pues señalaron que esa oficina, evaluada por personal de Protección Civil, también sufrió daños.
El deterioro de los edificios también obligó a la PGR a desocupar sus instalaciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, el Centro de Denuncia y Atención, así como la dirección general de control de procesos penales federales, además de oficinas administrativas que eran ocupadas como bodegas en las colonias Roma y Morelos.
Hasta el momento las autoridades no han definido cuándo divulgarán el diagnóstico del peritaje estructural, ni la PGR ha anunciado dónde estará la nueva sede central. En octubre la dependencia federal sólo señaló que aprovechará la reubicación para contar con una infraestructura más adecuada que favorezca la operación del sistema acusatorio.
De acuerdo con la PGR, se busca que las nuevas instalaciones cuenten con espacios dignos, adecuados y funcionales
para habilitar los procesos del sistema procesal penal acusatorio que contribuyan a poner en el centro de atención a los usuarios.