La Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados anunció que presentará un dictamen con la nueva Ley de Aguas, documento elaborado a partir de un proyecto que se confecciona desde enero y en el que se prevé concesionar caudales nacionales y trasvases, así como permitir a la iniciativa privada realizar descargas de líquidos residuales.

El presidente de dicha comisión, Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), informó que el dictamen se aprobará para evitar que alguna institución o un particular solicite por la vía judicial una legislación en la materia y el Congreso de la Unión se vea presionado por una resolución jurisdiccional.

Aseveró que desde 2012, cuando se reformó el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que el Poder Legislativo tenía 365 días para expedir la norma.

Según el legislador, hay un vacío legal que podría ser bien exigido a través de alguien y la obligación de los legisladores es presentar una ley en materia de agua dando los pasos correctos, con pies de plomo en un tema delicado que corre el riesgo de politizarse con mucha facilidad, acusando intenciones de privatización, cosa que aquí no tiene nada que ver.

Al inicio de la 63 Legislatura, en septiembre de 2015, el Partido Nueva Alianza (Panal) retomó la propuesta que desechó en marzo del mismo año la 62 Legislatura y presentó una iniciativa con el mismo contenido que la denominada ley Korenfeld, que permitía el cobro de la distribución y facturación a la iniciativa privada, así como los trasvases, el uso del agua para la fractura hidráulica o fracking y buscaba garantizar sólo 100 litros por habitante.

Desde ese año, cuando la Junta de Coordinación Política decidió posponer ‘‘el tiempo que sea necesario’’ la discusión de un dictamen que impulsó el actual alcalde perredista de Centro, Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovisora, la ley no ha podido votarse, debido a que se insiste en la intervención de la iniciativa privada.

El proyecto que mantiene a discusión la comisión considera que sólo podrán beneficiarse de subsidios los grupos vulnerables, así como pueblos y comunidades, pero el resto de la población deberá pagar por el consumo.